El reciclaje y la clasificación manual de residuos es un tema que afecta a todos los hogares en España. Según la ley, los ciudadanos están obligados a separar sus desechos domésticos en los contenedores disponibles, y se estima que un 82% de los hogares tienen al menos dos espacios distintos para este fin. Sin embargo, en una era en la que la tecnología avanza y los métodos de clasificación automática se vuelven cada vez más sofisticados, surge la pregunta: ¿es útil que los españoles sigan asumiendo la responsabilidad de separar su basura doméstica de forma manual en 2024?
Concienciación como prioridad
El artículo 8 de la ley de residuos 7/2022 establece que los ayuntamientos deben llevar a cabo medidas incentivadoras, como campañas de concienciación pública, para promover la separación de residuos. Empresas del sector privado como FCC Medio Ambiente y Urbaser, las dos empresas que más facturan en este sector en España, también dedican esfuerzos a realizar campañas de concienciación, al igual que el sistema colectivo Ecoembes, que está formado por más de 17,000 empresas envasadoras y de comercio.
Estas campañas de concienciación se llevan a cabo a través de múltiples métodos, como talleres, presenciales u online, o folletos informativos en los buzones. El informe Evaluación de actuaciones de educación, comunicación y sensibilización en materia de residuos del MITECO ofrece un buen resumen de las diversas medidas.
A pesar de los avances en la tecnología de clasificación automática, los materiales son cada vez más diversos y complejos, lo que hace que su separación sea un reto en constante necesidad de superación. De hecho, el número de publicaciones científicas relativas a la clasificación de residuos ha crecido exponencialmente desde 1970.
Sin embargo, aunque la sociedad está cada vez más consciente de este problema, la industria española aún necesita cubrir grandes huecos de inversión e investigación, así como una mayor digitalización, según indica el informe de 2021 del Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA).
La punta del iceberg
Según el INE, en 2021, los residuos de los hogares españoles constituyeron un 19.6 % del total. El restante 80.4 % proviene de sectores como la agricultura y la ganadería, la industria, la construcción o los servicios. Aunque un 82 % de hogares españoles aseguran hacer separación de su basura, solo el 7.8 % de los residuos totales que se produjeron en España en 2021 fueron de origen doméstico y reciclados al final del proceso.
Esto significa que la separación inicial es solo la punta del iceberg. La cadena de procesamiento de los residuos domésticos es muy amplia y depende de muchos factores, como su financiación o sus límites tecnológicos. En España, los servicios de recogida y gestión de residuos son financiados por aquellos que los producen, siguiendo el principio de «quien contamina paga».
Si los ciudadanos no separaran manualmente su basura, los costes de gestión o de compensación por daños se incrementarían. Un estudio reciente valoró los daños ambientales producidos en Chile por residuos sin separar en 297 euros por tonelada.
¿Quién asumiría el coste si no hubiera recogida selectiva?
Es difícil predecir si un coste equivalente en España sería superior a su utilidad marginal. Es decir, si los ciudadanos estarían dispuestos a asumirlo para no tener que separar su basura. Sin embargo, dada la situación tecnológica de España, es probable que los costes sean suficientemente altos como para que la respuesta sea negativa.
En última instancia, el papel activo del ciudadano, aunque responde a una responsabilidad ambiental limitada (menor al 7.8 %) cubre de manera agregada los huecos que la tecnología aún no puede cubrir. Además, previene un aumento de los costes de gestión, que no todos podrían estar dispuestos o capacitados para asumir.
Aunque la tecnología avanza, la sociedad todavía está lejos de contar con sistemas capaces de gestionar eficazmente residuos plenamente no separados. Por lo que, actualmente, la previa separación es un pilar fundamental en el reciclaje. Solo con tiempo, inversión e investigación se podrá aspirar a un sistema que minimice la necesidad de intervención manual por parte de los ciudadanos.
Este artículo ha sido publicado en «The Conversation».