El consejo de administración de Ence decidió elaborar en el mes de febrero los balances económicos semestrales y postergar a marzo la formulación de las cuentas cada un año que corresponden al ejercicio de 2022, con la meta de «agarrar apropiadamente» la resolución que el Tribunal Supremo va a tomar el 7 de febrero sobre las sentencias de la Audiencia Nacional, en las que declaró la nulidad de la prórroga de la concesión de dominio público marítimo terrestre donde se asienta la factoría de Pontevedra.
Sobre la resolución del Tribunal Supremo, los investigadores de Renta 4 manejan como ámbito mucho más posible que se ratifique la sentencia y el «cierre definitivo de la factoría«, que valoran «bajo cero euros». A su juicio, «la ratificación de la sentencia supondría un castigo agregada a la cotización».
En este sentido, aguardan que el Ministerio de Transición Ecológica fije el período de cierre definitivo «para finales de 2023» y recuerdan que Ence ahora registró en 2021 «un deterioro contable del activo de 148 millones de euros y una provisión para llevar a cabo en frente de los costos estimados por el desmantelamiento de la factoría por 42 millones».
Los especialistas de Banco Sabadell señalan que la cotización ahora «descuenta sobradamente el ámbito desfavorable de que se ratifique la resolución de la Audiencia Nacional», pero no desechan que «logre padecer a corto plazo» si al final se ratifica el cierre de la planta.
La compañía ahora cerró, en la época de enero, pactos de venta para precisamente un millón de toneladas de celulosa para este año 2023, lo que piensa contemplar el máximo de producción de las biofábricas de la compañía para el presente ejercicio. Eminentemente, los pactos de venta logrados tienen por destino el mercado europeo, en el que Ence tiene esenciales virtudes competitivas logísticas y de servicio al cliente.