Telefónica, una de las principales compañías de telecomunicaciones de España, se ha convertido en el centro de una intensa batalla accionarial. El Gobierno español, bajo la dirección de Pedro Sánchez, ha estado tomando medidas para contrarrestar la entrada de Arabia Saudí en Telefónica. El objetivo del Gobierno es proteger la autonomía de la compañía y blindar su españolidad, considerando que Telefónica es estratégica para los intereses nacionales.
Este esfuerzo ha tomado la forma de convertirse en accionista directa de la compañía, marcando un regreso del Estado al accionariado de Telefónica. Este movimiento ocurre un cuarto de siglo después de la privatización total de la compañía. El Consejo de Ministros aprobó el mandato a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público dependiente del Ministerio de Hacienda, de comprar un paquete accionarial de hasta el 10% de Telefónica.
Esta participación del 10% posiciona al Gobierno ligeramente por encima del 9,9% que aspira a controlar Saudí Telecom (STC), la operadora controlada por uno de los fondos soberanos de Arabia Saudí. Desde la aprobación de esta iniciativa en diciembre, el Gobierno ha emprendido una escalada en el accionariado de Telefónica. Según confirmó la SEPI, ya controla algo más de un 7% del capital de la compañía. Para lograr esto, se han destinado ya 1.617 millones de euros.
Esta compra masiva de acciones por parte del holding público y otros movimientos accionariales han contribuido a una subida del 20% en la bolsa de Telefónica. Cuando el Consejo de Ministros aprobó el regreso estatal al capital de Telefónica, la capitalización en bolsa de la compañía era de 20.500 millones de euros. Tras el rally de los últimos meses, la compañía ahora vale 4.100 millones más, alcanzando un valor en bolsa de 24.623 millones.
Arabia Saudí reveló a principios de septiembre su intención de irrumpir en el capital de Telefónica. Saudí Telecom anunció un plan para alcanzar una participación del 9,9% en la compañía. Este plan se llevaría a cabo en varias fases, con la compra directa del 4,9% y la toma mediante derivados financieros de otro 5% adicional.
La entrada de Arabia Saudí en la compañía española provocó una reacción del Gobierno de Pedro Sánchez, quien intentó proteger a Telefónica por su carácter estratégico, dada su vinculación con la seguridad nacional y la defensa. El Gobierno ya controla más del 6% y ha declarado que su objetivo es alcanzar el 10% «lo más rápido posible».
En medio de esta lucha por el control de Telefónica, CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha elevado su posición en la compañía hasta el 5% y cuenta también con otro paquete del 2,5% en manos de CaixaBank. Estos movimientos anticipan la formación de un nuevo núcleo estable de socios españoles para blindar el control del grupo frente a los intereses de Riad.
El Gobierno ya había confirmado su intención de tener representación en el consejo de administración de Telefónica. El consejo del grupo tiene previsto designar a Carlos Ocaña Orbis, un economista cercano al presidente Pedro Sánchez, como nuevo miembro que se sentará en el consejo en representación de SEPI.
Por último, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, envió un mensaje de tranquilidad y dio la bienvenida a los nuevos socios, tanto a la SEPI como a la operadora Saudi Telecom. Pallete señaló que «los nuevos accionistas contribuyen a la estabilidad accionarial y reflejan la confianza en la estrategia a largo plazo» de la compañía.