Las consecuencias de un juego de escondite financiero: el caso Imaginarium
La reciente sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Zaragoza ha generado resonancia en el ámbito de los concursos de acreedores. En su resolución, la Audiencia ha calificado como culpable el concurso de acreedores de Imaginarium, la compañía juguetera que cesó su actividad hace unos meses tras 32 años de operación. El fallo condena a Federico Carrillo Zürcher, quien fuera el último consejero delegado y principal accionista de la compañía.
La sentencia impone al empresario costarricense cuatro años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y un pago de 801.927 euros a Imaginarium. La razón de este castigo es el hecho de que Carrillo Zürcher suministró productos a las empresas filiales de Imaginarium y no cobró por ellos, una acción que realizó cuando estas filiales ya le debían 7 millones de euros.
Esta resolución, dictada el pasado 21 de junio, ratifica el fallo firmado hace un año por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza con algunos pequeños matices. Además, el fallo decreta dos años de inhabilitación para otros tres miembros del consejo de administración de Imaginarium, aunque estos no tendrán que reintegrar dinero a la compañía como se les exigía inicialmente.
Operaciones financieras bajo la lupa
La justicia ha calificado como culpable el proceso concursal de Imaginarium debido a que la propiedad simuló una situación patrimonial ficticia, trasladó la operativa bancaria a Portugal para impedir el embargo de sus cuentas y cometió irregularidades en la contabilidad e inexactitudes graves en la documentación.
La resolución se da en pleno proceso de liquidación de la empresa, que entró en concurso en julio de 2022 con un pasivo de 37 millones de euros y más de 800 acreedores.
La condena se basa en la falta de colaboración de la empresa con la administración concursal, a la que ocultó información relevante sobre la situación económica de la sociedad. Imaginarium no sólo desobedeció las múltiples peticiones de información que se le hacían, sino que también desvió su operativa bancaria a una cuenta en Portugal, con el fin de evitar el cumplimiento de embargos en España.
Además, se le castiga por hacer suministros a las filiales de la compañía y no cobrar por ellos, un movimiento que según fuentes jurídicas, se realizó a pesar de que Imaginarium contaba con fondos en una de esas cuentas y por lo tanto capacidad económica. El traslado de la operativa a una entidad financiera de Portugal significa que los saldos bancarios no pudieron embargarse como pedían los acreedores de la empresa a los que se adeudaba dinero.
Sin embargo, la condena todavía no es firme y cabe la presentación de un recurso de casación ante del Tribunal Supremo. A pesar de esto, el fallo es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la buena gestión en las operaciones financieras, y de las consecuencias que puede tener el intento de manipulación de la realidad económica de una empresa.