El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta para un trabajador de Guipúzcoa que padece desde hace más de una década adicción al juego y dependencia de la cocaína. La prestación asciende a 2.910,59 euros mensuales en 14 pagas.

La Sala concluye que el deterioro de su salud mental le impide desempeñar cualquier trabajo con los mínimos exigibles de regularidad, rendimiento y profesionalidad. La resolución, no obstante, incluye el voto particular de un magistrado que discrepa de la decisión mayoritaria.

Confirmada la incapacidad permanente absoluta

El afectado había trabajado como operario en una papelera y ya tenía reconocida una incapacidad permanente total. Con el paso de los años, sin embargo, empeoraron tanto su situación clínica como su ludopatía, que no ha remitido. A estos problemas se suman la dependencia de cocaína y un trastorno depresivo crónico que ha evolucionado hasta incluir síntomas psicóticos.

La sentencia, dictada el 30 de octubre, desestima el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra la decisión del Juzgado de lo Social número 3 de San Sebastián. Este juzgado había reconocido la incapacidad permanente absoluta, con efectos económicos desde el 16 de octubre de 2024 y una prestación equivalente al 100% de una base reguladora de 2.910,59 euros.

Empeoramiento del cuadro psiquiátrico

Cuando se le concedió la incapacidad permanente total, el trabajador ya presentaba ludopatía, dependencia de sustancias, depresión moderada y una grave fragilidad emocional que dificultaba su avance en los programas terapéuticos. No obstante, los informes médicos aportados al procedimiento reflejan un empeoramiento relevante de su estado.

Recaídas, síntomas psicóticos y falta de autonomía

En la actualidad, el trabajador sufre recaídas continuas en el juego, muestra importantes dificultades para controlar los impulsos y vuelve a consumir cocaína para intentar aliviar los estados de tristeza y angustia. Su depresión ha progresado y se han añadido síntomas psicóticos, así como un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad.

Entre las consecuencias descritas figuran la apatía, la desesperanza, la pérdida de interés por las actividades, alteraciones del apetito, la tendencia a permanecer en cama y pensamientos relacionados con la muerte. También presenta episodios de desconfianza y pensamientos paranoides, además de problemas de concentración, memoria y toma de decisiones, junto con impulsividad.

La resolución subraya su aislamiento social y la necesidad de apoyo familiar continuo para controlar su conducta. Los informes periciales señalan incluso que no se prevé que alcance una autonomía suficiente ni a medio ni a largo plazo. Sigue tratamiento farmacológico con antidepresivos, ansiolíticos y dos medicamentos antipsicóticos, uno de ellos administrado mediante inyecciones periódicas.

El tribunal considera incompatible su situación con cualquier empleo

El INSS alegó que no se había producido una agravación sustancial respecto de la situación que dio lugar a la incapacidad permanente total, ya que tanto la ludopatía como la dependencia de cocaína existían previamente.

El TSJPV rechaza este planteamiento. Aunque reconoce que ambas adicciones ya estaban presentes, entiende acreditado un empeoramiento progresivo y significativo. La aparición de síntomas psicóticos y la necesidad de tratamiento antipsicótico son, según la Sala, elementos que demuestran esa evolución.

Los magistrados recuerdan que la valoración de una incapacidad no debe limitarse a identificar las patologías de una persona, sino que debe atender a su incidencia real en la capacidad de trabajo. En este caso, consideran que la combinación de depresión crónica, ludopatía, dependencia de cocaína, aislamiento extremo y dificultades cognitivas y conductuales impide ejercer cualquier profesión u oficio.

Por ello, la Sala entiende que el trabajador no puede mantener los niveles mínimos de rendimiento, dedicación y regularidad requeridos en una relación laboral ordinaria y confirma íntegramente la sentencia de primera instancia, incluido el derecho a percibir el 100% de su base reguladora.

El voto particular de un magistrado

El presidente de la Sala ha emitido un voto particular en contra de la decisión mayoritaria. A su juicio, no existen elementos suficientes para concluir que el trabajador no pueda desarrollar ninguna actividad laboral.

El magistrado sostiene que los trastornos anímicos están ligados a las propias conductas del afectado, al combinar las recaídas en el juego con el consumo de cocaína para tratar de aliviar el malestar que estas situaciones le causan. También entiende que no se ha acreditado una pérdida de sus principales facultades mentales.

En su opinión, el trabajador conserva sus capacidades cognitivas y los problemas señalados, como la apatía, la desesperanza, la inestabilidad emocional o la impulsividad, no bastan por sí solos para reconocer una incapacidad absoluta. El voto particular también cuestiona que la Seguridad Social deba asumir económicamente una situación de estas características.

El magistrado concluye que el trabajador no está incapacitado para todo empleo y que «la Seguridad Social no está para sostener económicamente estas situaciones».