El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechaza amnistiar al expresidente catalán Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera Irene Rigau, condenados por desobediencia por organizar la consulta del 9-N. En un auto, la Sala Civil y Penal apunta que, en julio de 2020, todos ellos cumplieron las penas de inhabilitación impuestas, «de modo que desde aquella misma fecha fue declarada la extinción de las responsabilidades penales contraídas» y por ello no procede la aplicación del olvido penal.
Apuntan así los magistrados que «la extinción de la responsabilidad penal por cumplimiento de las penas impuestas representa un óbice insuperable para hacer aplicación de los efectos de la amnistía, dado que al tiempo en que fue publicada y alcanzó vigencia la L.O. 1/2024 ya no existían antecedentes penales pendientes de cancelación, pues habían quedado cancelados con anterioridad».
Tanto la Fiscalía como las defensas de Mas, Ortega y Rigau solicitaron el tribunal catalán la aplicación de la norma. En caso del exmandatario catalán, el Tribunal Supremo rebajó su pena a 13 meses de inhabilitación, y a nueve y seis meses para Ortega y Rigau, respectivamente. El Ministerio público apuntó en su escrito que los hechos por los que fueron condenados tenían encaje en el olvido penal, ya que la norma así lo contempla para «actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y sus funcionarios públicos o resistencia que hubieran sido ejecutados con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares».
El TSJC entiende ahora que la amnistía no es de aplicación en sus casos. Contra la resolución, fechada este miércoles, 10 de julio, cabe recurso de súplica ante el mismo tribunal.
La ley de amnistía y sus primeros beneficiarios
El primer beneficiario de la ley fue el exconsejero Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y malversación al haber contratado como asesor a un agente de los Mossos, para que en realidad ejerciese como escolta de Carles Puigdemont, una vez este abandonó España. En su caso, el TSJC apuntó que no había existido un «beneficio personal de carácter patrimonial»; lo que supondría la exclusión de la amnistía -en los casos de malversación-.
En el caso de los denominados arquitectos del ‘procés’, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por desobediencia, prevaricación y malversación, el TSJC apuntó ayer que los consideraba amnistiables, aunque dio un plazo de diez días a las partes para pronunciarse sobre la posibilidad de presentar una prejudicial ante la Justicia europea o bien una cuestión de inconstitucionalidad.
Este auto del TSJC ha generado un amplio debate en el ámbito judicial y político. Mientras algunos sectores celebran la decisión como un acto de justicia y cumplimiento de la legalidad, otros la critican al considerar que niega la posibilidad de reconciliación y olvido para aquellos que ya han cumplido sus penas. La aplicación de la ley de amnistía, que fue concebida para cerrar heridas del pasado y fomentar la convivencia, se enfrenta ahora a interpretaciones diversas y controversias que podrían prolongarse en el tiempo.
El caso de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau ha sido uno de los más emblemáticos en el contexto del proceso soberanista catalán. Su condena por desobediencia vinculada a la consulta del 9-N fue un punto de inflexión en la relación entre las instituciones catalanas y el Estado español. La negativa del TSJC a aplicar la amnistía a estas figuras históricas del independentismo catalán añade una nueva capa de complejidad a un conflicto que sigue sin resolverse plenamente.
Por su parte, las defensas de Mas, Ortega y Rigau han manifestado su intención de recurrir la decisión del TSJC. Argumentan que la ley de amnistía debería aplicarse de manera retroactiva, y que el cumplimiento de las penas no debería ser un impedimento para la cancelación de los antecedentes penales. Este recurso de súplica ante el mismo tribunal podría abrir una nueva vía de discusión jurídica y política que mantendrá el tema en la agenda pública durante los próximos meses.
En paralelo, la figura de Miquel Buch y su caso particular han sido objeto de análisis y debate. La interpretación del TSJC sobre la inexistencia de un beneficio patrimonial en su condena por malversación ha sido clave para su amnistía. Este precedente podría influir en otros casos similares, donde la línea entre la prevaricación y la malversación sin beneficio patrimonial se diluye y se presta a interpretaciones variadas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se encuentra en el centro de esta tormenta jurídica y política, teniendo que decidir sobre casos que no solo tienen implicaciones legales, sino también profundas ramificaciones sociales y políticas. La próxima decisión sobre los arquitectos del ‘procés’, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, será especialmente relevante para determinar el alcance y la aplicación de la ley de amnistía en el contexto del conflicto catalán.
En este sentido, la posibilidad de presentar una prejudicial ante la Justicia europea o una cuestión de inconstitucionalidad añade un componente adicional de incertidumbre y expectativa. La intervención de instancias superiores podría redefinir los parámetros legales y establecer nuevos precedentes que afectarían a futuros casos relacionados con el proceso soberanista.
Finalmente, la ley de amnistía, concebida como un mecanismo para cerrar etapas y mirar hacia el futuro, se enfrenta a desafíos interpretativos y aplicativos que podrían determinar su efectividad y su capacidad para cumplir con sus objetivos originales. La decisión del TSJC de no aplicar la amnistía a Mas, Ortega y Rigau será recordada como un hito en este complejo proceso de reconciliación y justicia.
La situación en Cataluña y la relación entre sus instituciones y el Estado español siguen siendo temas de alta sensibilidad y relevancia. Las decisiones judiciales, como la del TSJC, no solo tienen un impacto directo en los afectados, sino que también moldean el discurso político y social en torno a la independencia y la soberanía de Cataluña. La forma en que se resuelvan estos casos en los próximos meses será crucial para el futuro del proceso soberanista y la estabilidad política en la región.