En un giro sorprendente de los acontecimientos, se ha dado carpetazo a la segunda investigación por fraude fiscal contra la mundialmente famosa cantante colombiana, Shakira. La decisión del juzgado llega tres meses después de que la defensa de la cantante y la Fiscalía solicitaran el archivo de la causa, que examinaba si la artista había eludido el pago del IRPF y el impuesto sobre el Patrimonio en 2018.
El Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues (Barcelona) ha llegado a la conclusión de que, si bien Shakira eludió el pago de 6 millones de euros en el citado ejercicio, no existió «ánimo de defraudar a la Hacienda Pública». Esta conclusión se basa en un auto fechado el miércoles 8 de mayo, en el que la instructora decreta el sobreseimiento provisional de la investigación contra la artista.
La investigación se inició en julio del año pasado cuando el Ministerio público interpuso una querella. Según ellos, Shakira había simulado la cesión de sus derechos a una empresa fantasma, una vez establecida como residente en España. Sin embargo, esta semana, la Fiscalía anunció que había pedido el archivo del caso por la vía penal.
La resolución sostiene que, basándose en los informes de la Agencia Tributaria, la declaración de la propia investigada y las autoliquidaciones presentadas, es evidente que Shakira estaba obligada a pagar el IRPF y el impuesto sobre el Patrimonio en España durante el periodo investigado, 2018. De dichas autoliquidaciones, la juez señala que contenían irregularidades que llevaron a la cantante a no abonar casi 6 millones de euros, 5,3 de ellos en concepto de IRPF y los 550.000 restantes en concepto de IP.
No obstante, la instructora defiende que «no basta para la comisión de un delito contra la Hacienda Pública que se hayan producido irregularidades en las declaraciones presentadas, sino que también se precisa que dicha conducta se haya llevado a cabo con el ánimo de defraudar». Según la juez, no existe indicio alguno que permita acreditar que Shakira, «de manera consciente y voluntaria», omitió información a su asesor fiscal para la presentación de la declaración de la renta.
Tras conocer el archivo -decisión contra la que cabe recurso-, la defensa de la cantante ha celebrado que «pone así freno a la campaña de desprestigio que viene sufriendo por parte de Hacienda». En un comunicado, su abogado, Pau Molins, ha indicado que la resolución demuestra que Shakira nunca tuvo un «comportamiento defrauda torio» y que está «totalmente satisfecha» de que por fin se reconozca que no cometió ningún fraude penal, aunque «su lucha contra la Agencia Tributaria española no acaba aquí».
Shakira aún tiene otra causa abierta, esta por la vía administrativa, por el ejercicio de 2011, aún pendiente de resolución en la Audiencia Nacional. Según sus asesores, ese año, la cantante no residía en España, sino que se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países. Así, defienden que pasó, «como máximo», 70 días en España, menos de la mitad del mínimo requerido para ser residente fiscal.
Sus asesores afirman que el «proceder lleno de anomalías por parte de Hacienda» obligó a Shakira a «abonar hasta 30 millones de euros que le ha retenido todos estos años -desde 2018 hasta hoy-, además de tener que garantizar otros 35 millones de euros de sanciones desorbitadas, sin esperar siquiera a que un tribunal se pronuncie sobre su conformidad a derecho». Se quejan de que Hacienda no está admitiendo la deducción de gastos efectivamente producidos.
Es importante recordar que, en noviembre del año pasado, la artista colombiana aceptó tres años de cárcel, seis meses de prisión por cada uno de los seis delitos contra la Hacienda pública de los que estaba acusada, por eludir el pago del IRPF y el IP entre 2012 y 2014. Shakira eludió la pena de cárcel al abonar una multa de ocho millones de euros. Este acuerdo fue sellado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.