Los funcionarios percibirán una subida salarial del 4,5% a partir del 1 de enero de 2027. El Ministerio de Función Pública trasladó este martes a los sindicatos CC OO, UGT y CSIF su compromiso de dar cobertura legal a este incremento pactado para el próximo año.
El Gobierno no concretó, sin embargo, la fecha en la que aprobará la medida. La decisión podría adoptarse después de las elecciones generales, al igual que ocurrirá con la revalorización de las pensiones, incluso con el Ejecutivo en funciones tras los comicios del 29 de noviembre. En cualquier caso, la subida deberá aprobarse en el último Consejo de Ministros del año para que entre en vigor en 2027.
Un incremento adicional ligado a la inflación
El aumento adicional del 0,5% vinculado a la desviación de la inflación de este año tendrá que esperar a que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme el dato del IPC de diciembre, previsto para mediados de enero.
Si el indicador supera el 1,5% de incremento salarial fijado para este año, se aplicará esa subida extra con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esta circunstancia se da por segura ante una inflación interanual situada en el 4,9% en septiembre. Según UGT, este ajuste por los precios ya figura en un real decreto ley avalado, por lo que únicamente requerirá la aprobación del Consejo de Ministros y no tendrá que ser ratificado por el Congreso.
De este modo, la subida salarial total prevista para 2027 alcanzaría el 5%.
Un acuerdo para más de tres millones de empleados públicos
La revalorización afecta a más de tres millones de trabajadores públicos y se enmarca en el último Acuerdo Marco para la mejora del empleo suscrito el año pasado por el Gobierno y los sindicatos. El pacto contempla un incremento salarial acumulado del 11% durante el periodo 2025-2028.
Calendario de las subidas acordadas
El acuerdo establece una subida del 2,5% en 2025; del 1,5% en 2026, con un variable adicional del 0,5% ligado a la evolución del IPC; del 4,5% en 2027; y del 2% en 2028.
Los sindicatos piden aprobar la medida antes de las elecciones
Los sindicatos valoraron la garantía ofrecida por el Gobierno, aunque reclamaron que la revalorización se haga efectiva mediante un real decreto ley y que se apruebe en la Diputación Permanente o, como máximo, en el Consejo de Ministros del 24 de noviembre, el último previo a la convocatoria electoral.
La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, señaló que tanto la Diputación Permanente del Congreso como el Consejo de Ministros, esté o no en funciones, disponen de los mecanismos legales y legislativos necesarios para aplicar el incremento salarial.
Durante el encuentro, las organizaciones sindicales también exigieron culminar de inmediato los procesos de estabilización y los acuerdos aún pendientes, entre ellos la revisión de los complementos de residencia e insularidad. Según las mismas fuentes, el Gobierno pretende actualizar antes del próximo año las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio, además de preparar una reforma para cesar a los gestores de administraciones que abusen de la temporalidad.