Comienza la temporada de riesgo medio de incendios en Castilla y León

En Castilla y León, la temporada de riesgo medio de incendios ha sido declarada por la Junta, en respuesta a un escenario de altas temperaturas que se espera superen los 30 grados en los próximos días. A pesar de la sequedad, también se prevén lluvias. Esta declaración activa un número significativo de recursos del operativo, que estará completamente desplegado a partir del 12 de junio.

Esta fecha marca el inicio de la temporada de alto riesgo, que durará cuatro meses. En la semana previa a esta fecha, los efectivos se incorporarán gradualmente para hacer frente al nivel de riesgo medio, según explicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El consejero, que ha sido precavido en sus pronósticos en el pasado, no prevé una temporada particularmente complicada.

Preparación y recursos para combatir los incendios

El optimismo de Suárez-Quiñones se basa en las mejoras realizadas en los últimos dos años en cuanto a personal y recursos. El operativo de este año contará con un presupuesto similar al de 2023, de unos 143 millones de euros. A esto se suma que las condiciones meteorológicas durante esta primavera han sido favorables, y el punto de partida es mejor que el del difícil año 2022. «Estamos más preparados. Será complicado llegar a una situación similar», declaró Suárez-Quiñones, advirtiendo no obstante que si se repiten las condiciones que llevaron a incendios catastróficos en el pasado, la situación podría cambiar.

En el marco de la lucha contra los incendios forestales, el consejero también presentó un nuevo decreto aprobado por el Consejo de Gobierno. Este decreto actualiza la normativa que regula las autorizaciones de cambio de uso forestal, con el objetivo de modificar la estructura del territorio para hacerlo más resistente a los incendios forestales y afrontar los nuevos desafíos del cambio climático.

El proyecto de decreto establece las condiciones y supuestos en los que se puede autorizar cualquier actuación material o administrativa que cambie el uso del suelo forestal. Esto permite modificar la estructura de un territorio que ha cambiado mucho desde que se aprobó la norma anterior en los años noventa. El éxodo rural y el abandono de los cultivos, junto con el aumento de la masa forestal y la propiedad privada en pequeñas parcelas, han creado un nuevo escenario. En este nuevo contexto, se busca aprovechar los recursos para prevenir incendios e impulsar la creación de actividad y empleo.

El decreto contempla diversas posibilidades para cambiar el uso del suelo forestal, como el cultivo, la concentración parcelaria, la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico y de uso excepcional en suelo rústico. Este decreto incluye un procedimiento ordinario y otro abreviado, para simplificar la tramitación en un plazo de dos meses y facilitar así la creación de alternativas de actividad agrícola e industrial. De esta manera, se generan oportunidades y se contribuye al cuidado del monte, sin afectar a la biodiversidad y los valores naturales, concluyó Suárez-Quiñones.