El caso de investigación que implica a Alberto G. A., la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas por un presunto fraude fiscal y un delito de falsedad en documento mercantil, ha dado un nuevo giro. La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha aceptado la personación del PSOE-M como acusación popular en esta causa, según confirmaron fuentes socialistas a ABC.
Los socialistas habían solicitado a la jueza María Inmaculada Iglesias formar parte del procedimiento como acción popular. Este movimiento se basa en la posibilidad de que el caso derive en posibles responsabilidades penales, específicamente en relación a delitos contra la hacienda pública y de falsedad documental. El PSOE-M justifica su intervención en la causa al considerar que se trata de un asunto de interés general para los ciudadanos.
El partido socialista argumentaba que no era necesario presentar querella ni fianza ya que los hechos investigados tienen su origen en contrataciones relacionadas con el suministro de materiales sanitarios adquiridos durante la gestión de la crisis del Covid. En este sentido, los posibles delitos estarían afectando a los intereses generales al suponer un intento de defraudación a la Hacienda Pública. No obstante, el PSOE-M ha tenido que abonar una fianza de 3.000 euros.
Como parte de su argumentación, el PSOE indicaba que representaba a sus afiliados y al interés general de la ciudadanía, que es el principio que guía la actuación de esta organización. En este contexto, el partido considera que este es el momento procesal oportuno para intervenir como acusación popular, ya que se está ante una causa que afecta a la hacienda pública y que genera preocupación y alarma social.
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a Alberto G. A. para que declare el 20 de mayo en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil. Esta citación se produce después de que la jueza incoara diligencias contra él y otras cuatro personas en relación a la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal.
El foco de la investigación se centra en los supuestos indicios delictivos relacionados con el Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021. También se investiga un presunto delito de falsedad en documento mercantil, ya que se habrían aportado facturas que no corresponden con servicios realmente prestados, con el objetivo de reducir la cuota tributaria a satisfacer.
La Fiscalía comenzó a investigar estos hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria sobre la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente. Dicho informe advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades». A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que ha derivado en la presentación de la citada denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.