El Gobierno Vasco, en su nueva formación desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1979, ha asignado dos de sus áreas con mayor carga ideológica, Prisiones y Memoria, al Partido Socialista de Euskadi (PSE). Esta asignación otorga a los socialistas la decisión sobre la concesión de terceros grados a los presos etarras, una de las cuestiones más delicadas que la nueva administración deberá enfrentar.
Según informes adelantados por El Correo, el Gobierno de coalición regional constará de 15 consejerías, cuatro más que en la última etapa liderada por el exlendakari, Íñigo Urkullu. La distribución, diez para el PNV y cinco para el PSE, busca equilibrar las fuerzas resultantes de las elecciones del 21-A, en las cuales el PNV perdió cuatro escaños, mientras que los socialistas ganaron dos.
Este reparto se complementará con dos vicepresidencias, una para cada formación. Mikel Torres, hasta ahora alcalde de Portugalete y líder de los socialistas en Vizcaya, ha sido elegido para ocupar la vicepresidencia por el PSE. Este movimiento establece en la práctica una bicefalia de los socialistas en la región, ya que el secretario general, Eneko Andueza, se ha apartado para dedicarse a la portavocía del partido en la Cámara vasca.
Apartado de las carteras de gobierno
Además de la portavocía del Gobierno, los departamentos de Salud, Educación, Seguridad, Hacienda, Cultura, Políticas Sociales, Industria y Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, y Ciencia e Innovación recaerán en los peneuvistas. Por otro lado, el PSE gestionará las de Vivienda, Transportes, Turismo, Comercio y Consumo, Memoria y Justicia.
Esta última tiene asignada la competencia sobre la Administración Penitenciaria, tras el traspaso del Gobierno de Pedro Sánchez al País Vasco en junio de 2021. De esta manera, los socialistas gestionarán la concesión de los terceros grados a los presos de ETA, que ahora se encuentran en las tres cárceles de la comunidad autónoma, después del fin de la dispersión y el acercamiento total impulsado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Esta tarea no será fácil para los socialistas, debido a la alianza necesaria entre Pedro Sánchez y Bildu para mantenerse en la Moncloa. Una política restrictiva en lo que respecta a los presos causaría reticencias entre los aberzales, quienes abogan por conceder la semilibertad a los presos condenados por su actividad terrorista, y son imprescindibles para el PSOE en el Congreso de los Diputados. Lo contrario supondría un agravio para las víctimas.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado en los últimos tiempos la estrategia «deliberada y cada vez más acelerada» en la concesión de los terceros grados. Muchos de ellos han sido revocados en última instancia por la Audiencia Nacional al entender que no se cumplían las condiciones necesarias para concederlo. Sin duda, el camino por delante para el nuevo Gobierno Vasco, y especialmente para el PSE, será un desafío lleno de decisiones delicadas y cruciales.