El Gobierno se enfrenta a la patronal en la negociación para la reducción de jornada laboral

El Gobierno evidenció ayer una ruptura casi definitiva con la patronal en cuanto a la negociación para la reducción de jornada. Esta tensión se produjo después de una reunión en la que CEOE y Cepyme no presentaron una propuesta escrita para el recorte a 37,5 horas semanales, ignorando el ultimátum que el Ministerio de Trabajo les había dado hace una semana para que presentaran propuestas concretas. Este hecho ha endurecido más el tono de la negociación y anticipa un nuevo pacto bipartito del Gobierno con CC.OO. y UGT, excluyendo a las empresas y sin el amplio consenso que la vicepresidenta Yolanda Díaz anhela en la mesa de diálogo.

Después de la reunión, el Ministerio de Trabajo acusó a la patronal de “burlar” el diálogo social y de “estafar” en la negociación al intentar buscar un acuerdo para neutralizar el impacto de la reducción de jornada con un incremento de las horas extraordinarias, actualmente fijadas en 80 horas anuales. “¿Es serio pedir un incremento de las horas extra?”, exclamó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa tras la reunión, asegurando que CEOE y Cepyme “niegan” el objetivo tras cinco meses de negociaciones.

El camino hacia un pacto bipartito

Por lo tanto, parece que el escenario se dirige hacia un pacto bipartito entre el Gobierno y los sindicatos, en el que prevalecerá la versión considerada más dura por la patronal. “Nuestro objetivo es ahora pulir un texto, pero insisto, con las organizaciones sindicales, que son las que han mostrado predisposición a hacerlo, pero si la patronal recapacita, (…) serán bienvenidos”, confirmó Pérez Rey tras la reunión con los agentes sociales.

Así, a la espera de que CC.OO. y UGT aprueben el borrador del anteproyecto sobre el que harán aportaciones, finalmente no habrá un periodo transitorio para que las empresas se adapten a la nueva jornada laboral: la jornada de 38,5 horas se implantará en cuanto se de luz verde al anteproyecto de ley y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. A partir del 1 de enero de 2025, la jornada máxima será de 37,5 horas.

El plan que será llevado al trámite parlamentario incluye un control exhaustivo de la jornada laboral por parte de la Inspección de Trabajo, obligando a las empresas a implementar un sistema que sea automático y con acceso remoto y en tiempo real por parte de la Administración. Además, se regularán otros aspectos como la obligación de retribuir a los trabajadores a tiempo parcial que mantengan sus horas actuales una vez se reduzca la jornada máxima en la misma proporción, más de un 6% a partir del próximo año.

Claves del rechazo de CEOE

La patronal ha basado su rechazo a formar parte del acuerdo en la falta de un análisis riguroso del impacto económico y organizativo que tendrá la medida sobre el conjunto del tejido productivo. Según Cepyme, el coste directo por la reducción de horas ascendería a 12.000 millones de euros, lo que sería una subida encubierta de salarios. Además, en términos económicos por pérdida de valor añadido, el coste superaría los 42.000 millones de euros.

Además, las fuentes empresariales consultadas indican que existe un temor a que la obligación legal de reducir la jornada a 37,5 horas a partir de enero genere un embudo en las más de 4.000 mesas de negociación colectiva, ya que casi la totalidad de los convenios colectivos estaría afectado por la reducción a 37,5 horas.

Intervención del Gobierno

Un informe de Fedea presentado recientemente señala cómo el propio flujo natural de las negociaciones entre empresarios y trabajadores ha ido reduciendo paulatinamente la jornada laboral dependiendo de los diferentes sectores y las posibilidades de las compañías. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre 2024 las horas trabajadas habituales para el total de ocupados fue de 37,6 horas semanales.

Para Fedea, esta medida que quiere implantar el Gobierno con o sin acuerdo social parte de dos premisas “discutibles”: que se necesita una ley para reducir la jornada laboral y que esta medida eleva la productividad y no afecta a los costes unitarios de producción. “Cabe esperar que reducir forzosamente la jornada laboral manteniendo los salarios constantes, como propone el Gobierno, supondrá una subida de los costes salariales unitarios para buena parte de las empresas”, señala Fedea, advirtiendo que “esta imposición podría tener efectos adversos sobre la competitividad de las empresas y la evolución del empleo y el PIB”.

En caso de que finalmente se apruebe una ley que “imponga” la reducción de jornada, Fedea considera que ésta debería incluir, al menos, “un largo período transitorio antes de su entrada en vigor, de un mínimo de dos años, para permitir la adaptación de la propia negociación colectiva”.

Los expertos entienden que sería “razonable” que la reducción de la jornada laboral máxima legal se aplicara sólo cuando los convenios colectivos afectados terminaran su vigencia para renegociarlos en un nuevo marco legal. “Si no se establece esta transitoriedad, automáticamente quedarían reducidas las jornadas de los convenios colectivos vigentes afectados, generando un desequilibrio en la negociación”, advierten.