Consorcios liderados por OHLA, Azvi, Rover, Dragados y Acciona ganan la licitación para la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid
La Comunidad de Madrid ha adjudicado las obras de la nueva Ciudad de la Justicia a dos consorcios, uno formado por OHLA, Azvi y Rover Infraestructuras, y otro en el que participan Dragados (filial de ACS) y Acciona. Estos consorcios se han impuesto a otras uniones temporales de empresas (UTE) formadas por Ferrovial, Sacyr y FCC; San José y Avintia; y Ortiz, Lantania y Vías y Construcciones (también filial de ACS). Este innovador proyecto se ubicará en el barrio de Valdebebas, en el noroeste de la capital española.
El consorcio de OHLA, Azvi y Rover ha obtenido 87,25 puntos de los 100 posibles, adjudicándose así el primer lote. Los otros consorcios no lograron superar este puntaje, con San José y Avintia logrando 83,61 puntos; Dragados y Acciona, 73,98; Ortiz, Lantania y Vías y Construcciones, 72,64; y Ferrovial, Sacyr y FCC, 59,94. Por su parte, el consorcio de Dragados y Acciona se ha alzado con el lote número dos, tras lograr 84,87 puntos. La adjudicación definitiva se espera que sea durante el próximo mes de julio.
Detalles de los lotes y ahorro presupuestario
El primer lote, que incluye la construcción y puesta en marcha del Tribunal Superior Justicia de Madrid, las secciones civiles y penales de la Audiencia Provincial, un aparcamiento de 2.900 plazas, 460 plazas de aparcamiento restringido y la urbanización perimetral, se licitó por 202 millones de euros. El segundo lote, el de más valor, con un presupuesto de 476 millones, engloba el desarrollo de los juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales, la fiscalía, los servicios comunes, el depósito de efectos, el archivo y el aparcamiento subterráneo de 2.000 plazas.
Construir la nueva Ciudad de la Justicia costará a las arcas de la Comunidad de Madrid menos de lo esperado. Frente a los 678 millones de euros presupuestados, finalmente el desembolso ascenderá hasta los 539,88 millones de euros, un 20% menos. En el primer lote, la oferta ganadora introdujo una rebaja del 20%, adjudicándose el lote por 161,44 millones en lugar de los 202 millones presupuestados. En el caso del segundo lote, la propuesta de Dragados y Acciona es de 378,64 millones, un 20,45% inferior al presupuesto inicial de 476 millones.
Fases y plazos de la nueva Ciudad de la Justicia
La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, organismo que licita las obras, tiene como objetivo que la nueva Ciudad de la Justicia esté plenamente construida y operativa en 2028. Está previsto que, en septiembre de 2026, entren en servicio el Tribunal Superior de Justicia, las secciones civiles y penales de la Audiencia Provincial, los Juzgados de Primera Instancia generales y sus aparcamientos restringidos, un aparcamiento público y otro restringido y los servicios administrativos polivalentes.
La segunda fase se levantará entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. Esta incluye el edificio de la Fiscalía, los Juzgados de Menores, los Juzgados de Primera Instancia de Familia, de Incapacidades, de Cláusulas Suelo, los Juzgados de lo Mercantil, Social y Contencioso-Administrativo, además de todos los edificios con sus correspondientes aparcamientos subterráneos y servicios auxiliares. La tercera y última fase, que incluye los Juzgados de Instrucción, Penal, Violencia sobre la Mujer y Vigilancia Penitenciaria, el depósito de efectos judiciales, el archivo y el resto de edificios, culminará sus obras entre octubre de 2027 y diciembre de 2028.
Una idea que lleva 20 años sin materializarse
La historia de la Ciudad de la Justicia madrileña comienza hace más de veinte años: su concepción se inició en 2003, fue presentada en 2004 y aprobada en 2005. Con el estallido de la crisis financiera, entre 2007 y 2008, el proyecto se vio abocado al fracaso, hasta que en 2014 se liquidó la empresa pública promotora. Durante el mandato de Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid se volvió a retomar, pero volvió a enterrarse en 2017.
En 2022, con Isabel Díaz Ayuso al frente del gobierno regional, se recuperó la idea original. En un inicio, los planes de la comunidad eran desarrollarlo a través de un modelo concesional, pero la baja rentabilidad y la inestabilidad en los mercados financieros por el giro del Banco Central Europeo (BCE) de los tipos de interés provocó que el concurso quedase desierto. Posteriormente, la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local volvió a redactar unos nuevos pliegos, estos como un contrato de obras al uso, no en concesión, que sí despertaron interés entre las principales empresas constructoras y de infraestructuras nacionales.