El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado un auto fechado el viernes pasado que marca un hito importante en la causa que investigaba la ampliación de capital del Banco Popular en 2012. El magistrado ha decidido archivar el caso, argumentando que el Banco de España avaló la operación y el folleto publicado por la entidad bancaria ofrecía una imagen fiel de su situación financiera. Según Pedraz, esta operación contribuyó a la buena marcha del banco hasta su resolución en 2017.
Este auto, al que ha tenido acceso la agencia EFE, decreta el archivo de la causa abierta contra tres individuos clave en el caso. El primero de ellos es el expresidente del banco, Ángel Ron, quien estuvo al mando durante el periodo en el que se produjo la ampliación de capital. También se incluyen en el auto el exvicepresidente de la entidad, Roberto Higuera, y el auditor de la firma PwC, José María Sanz Oliva, quien revisó las cuentas del banco en 2012.
La decisión del juez Pedraz llega tan solo cuatro días después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama tomara una decisión significativamente diferente. El 4 de marzo, el magistrado decidió procesar a Ángel Ron y a otros doce directivos del Banco Popular. La firma auditora PwC también ha sido incluida en la causa por su papel en la ampliación de capital de 2016.
La operación que se investigaba en este caso es la ampliación de capital que el Banco Popular llevó a cabo en 2012. Este tipo de operaciones financieras suelen ser una estrategia que las empresas utilizan para obtener financiación adicional. En el caso del Banco Popular, la ampliación de capital fue avalada por el Banco de España, lo que, según el juez Pedraz, supone una garantía de que se llevó a cabo correctamente.
En su auto, Pedraz argumenta que el folleto publicado por el Banco Popular en el momento de la ampliación de capital ofrecía una imagen fiel de la situación financiera de la entidad. Según el juez, este folleto contribuyó a la buena marcha del banco hasta 2017, año en el que se produjo su resolución.
Es importante destacar que la decisión de Pedraz supone el archivo de la causa abierta contra Ángel Ron, expresidente del banco, Roberto Higuera, exvicepresidente de la entidad, y José María Sanz Oliva, auditor de PwC. La decisión tomada por el juez Calama, sin embargo, supone el procesamiento de Ron y otros doce directivos, así como de la firma auditora PwC, por su papel en la ampliación de capital de 2016.
Esta decisión de Pedraz llega en un momento en el que la situación del Banco Popular, y especialmente las decisiones tomadas por sus directivos, están bajo el escrutinio de la justicia. Con este auto, el juez de la Audiencia Nacional cierra una de las causas abiertas contra el banco y sus responsables, aunque otros casos siguen en proceso.