El gobierno catalán, conocido como el Govern, ha anunciado recientemente que está a punto de enviar un requerimiento al Ministerio de Vivienda en España. El motivo de dicho requerimiento se debe a la entrada en vigor de un nuevo sistema de referencia de precios del alquiler que establece límites en el arrendamiento.
Este requerimiento se produce apenas cinco días después de que el nuevo sistema entrara en vigor. El Govern está exigiendo que la región de Catalunya pueda aplicar una combinación del sistema estatal y del índice catalán para regular los precios de alquiler. El argumento principal del Govern es que aplicando la fórmula vigente, las rentas se reducirían para un 36% de las viviendas. Sin embargo, con la aplicación del índice catalán, el alcance se ampliaría al 54%. Con la combinación de ambos sistemas, podrían verse afectadas hasta un 57% de las viviendas.
El Departamento de Territorio ha llevado a cabo un análisis de 23.000 casos reales para llegar a estas conclusiones. El estudio ha comparado las rentas actuales con las rentas que se derivarían de la aplicación de ambos índices. Los resultados del análisis muestran que en el 80% de los casos, el índice catalán ofrece precios más bajos que el sistema estatal. La consellera Ester Capella ha cuestionado la metodología del sistema estatal, que se basa en datos fiscales de 2022, cifras catastrales y algunos criterios subjetivos.
La consellera también ha defendido la validez del índice catalán, que ya se utilizó brevemente hasta que fue derrocado por el Tribunal Constitucional. Capella ha argumentado que el índice catalán es el que «hará bajar de verdad los alquileres», ya que se basa en contratos previos en un radio territorial y contabiliza metros cuadrados útiles.
El primer paso hacia el establecimiento de este sistema híbrido es el requerimiento al Ministerio de Vivienda. Este requerimiento se basa en lo establecido en la ley 12/2023, que menciona la colaboración con las comunidades autónomas. En este sentido, Capella ha amenazado con interponer procesos judiciales si el Ministerio no aplica la ley tal como fue aprobada.
El informe que respalda la solicitud del Govern sugiere que la aplicación del índice estatal haría bajar las rentas un 6,2%, mientras que la sobreposición de sistemas reduciría los precios un 11,9%. La fórmula híbrida propuesta por el Govern establece que cuando el índice catalán se sitúe dentro del rango establecido por el sistema estatal, el límite efectivo sea el catalán. Sin embargo, si el índice autonómico queda fuera del rango, se aplicaría el límite superior o inferior.
Además, el Govern argumenta que su índice cubriría vacíos que ahora sufre el sistema estatal, que no ofrece precios para pisos de menos de 30 metros cuadrados, de más de 150 metros, ni para obra nueva.
A pesar de la pugna con el Ministerio, el Govern no ha pedido medidas cautelares de suspensión del sistema implantado. Esto significa que la ciudadanía ya puede beneficiarse de los recortes de precios vigentes.
Sin embargo, se ha admitido que Habitatge no actuará de oficio para comprobar si se producen irregularidades en los nuevos contratos de alquiler. En lugar de ello, los inquilinos deben denunciar los posibles casos a través de la Agència Catalana de Consum.
Por último, el Govern insiste en que los propietarios de propiedades verticales deben evitar el «fraude» de contabilizar las fincas como una unidad registral. En su lugar, deben realizar su división horizontal, de manera que se contabilice cada uno de los pisos y se puedan topar sus arrendamientos.