Dos meses después del inicio de las protestas de agricultores en España, las aguas turbulentas parecen empezar a calmarse. El Ministerio de Agricultura ha presentado un nuevo paquete de medidas en un intento de responder a las demandas de los agricultores. Estas medidas, según el ministro de Agricultura, Luis Planas, forman un «conjunto sólido» de 43 propuestas que se han negociado durante una serie de reuniones de dos semanas con técnicos del ministerio y representantes de las principales organizaciones agrarias en España.
Entre las medidas propuestas por el gobierno, se destaca la creación de una línea de ayudas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con un importe de 700 millones de euros. De este total, 500 millones se destinarán a inversiones en el sector agropecuario, mientras que 200 millones se reservarán exclusivamente para jóvenes profesionales. Además, se propone la creación de un grupo de trabajo permanente para monitorizar las exportaciones e importaciones agrícolas, con el objetivo de mantener un control estricto sobre los productos procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea.
Las 43 propuestas se dividen en siete áreas, detalló Planas. Algunas de estas áreas son ya conocidas, como la flexibilización y ajuste de la política agraria común, la polémica PAC, que fue revisada la semana pasada por los ministros de Agricultura de la UE en Bruselas. «Solo falta que el Parlamento Europeo dé luz verde a esta propuesta para que podamos aplicar en España los ajustes necesarios en el plan estratégico nacional o en los ecorregímenes», señaló el ministro. También se habló de las ayudas específicas a la ganadería extensiva, y de la creación de una agencia estatal sobre la cadena alimentaria.
Dentro de este plan de choque, destacan dos propuestas potentes, relacionadas con las actividades comerciales y con las ayudas fiscales, de financiación y laborales. En el primer bloque, la ya mencionada sobre la creación de un equipo de trabajo que de manera permanente lleve un control de las exportaciones e importaciones de alimentos, una de las cuestiones que más preocupados tiene a los agricultores y ganaderos españoles, que consideran que los productos que llegan de países extracomunitarios son una competencia desleal.
En lo que respecta a las ayudas fiscales y la financiación, se contempla una línea de crédito ICO con una dotación extraordinaria de 20 millones de euros y siete para avales, con subvención del 15% del principal y de la totalidad del aval. Además, el ministerio aportará 50 millones de euros para garantizar operaciones de crédito entre 100.000 euros y dos millones de euros por un importe total de 500 millones de euros.
Este apartado incluye el mantenimiento de la fiscalidad del gasóleo agrícola, la deducción de un 35% de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario, y el descuento de un 15% de la de fertilizantes. También se prevé una reducción general del 15% en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal de 2023 en el método de estimación objetiva de IRFP; y la adaptación del cómputo de los ingresos para aplicar el límite máximo de tributación.
Las otras dos áreas de medidas pasan por el refuerzo del seguro agrario y por la celebración de una conferencia sectorial para la incorporación de jóvenes. Estas propuestas son un intento de responder a las demandas de los agricultores españoles y encaminar el sector hacia un futuro más sostenible y equitativo.