En los últimos días de marzo, las reiteradas tormentas han causado una erosión extraordinaria en las costas del Mediterráneo. Esta situación ha avivado los temores de ayuntamientos y propietarios sobre los costos de recuperación de la fachada marítima. Paralelamente, han resurgido los bulos interesados en la devaluación de propiedades con la ley de costas de fondo.

La ley de costas se encuentra actualmente en un proceso de reforma, en respuesta a los efectos del cambio climático y el temor a un recrudecimiento progresivo de las tormentas en las zonas costeras. Uno de los bulos más propagados recientemente es la posibilidad de que la Administración pueda realizar una expropiación forzosa de propiedades costeras, una medida que está prevista en el marco legal para concesiones o propiedades en casos excepcionales.

A la luz de la falta de concreción de la ley de costas, especialmente en el ámbito competencial, se prevé una batalla entre partidos políticos, autonomías y aquellos que reclaman medidas para prevenir el cambio climático y los que niegan su existencia. Destaca el papel de Vox, que se encuentra a la cabeza de los que niegan el cambio climático.

El cambio normativo ha generado una cierta inseguridad jurídica, precisamente el objeto principal del cambio legal impulsado desde el Parlamento Europeo. Hace dos años, en 2022, el Gobierno realizó una modificación de la normativa que afectaba a la prohibición de establecer chiringuitos o edificaciones de más de una planta, entre otras medidas. Sin embargo, la falta de suficientes trámites de consulta pública llevó a que el Supremo anulase la reforma en febrero de este año.

Según fuentes del Gobierno, la reforma de la ley de costas de 1988, con un cambio en 2013 y modificaciones en 2022, se debió a que la normativa se había «desconectado de la realidad» y era ya «ineficaz para proteger el litoral de los excesos urbanísticos». La ley requiere que los inmuebles, salvo zonas urbanas, zonas históricas, etcétera, se sitúen a al menos 20 metros de la línea de costa, y que permitan el tránsito de personas y vehículos entre el inmueble y el mar.

Los ayuntamientos van a tener que asumir responsabilidad sobre la defensa de sus costas y su patrimonio urbanístico, pese a que muchos de ellos no disponen de recursos para asumir soluciones definitivas, inmunes a fenómenos meteorológicos extremos.

La ley de costas en términos generales persigue que se impidan nuevas edificaciones en zonas de primera línea de mar y prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. El Hotel de El Algarrobico es el emblema de lo que se quiere evitar.

La ley ha causado ya críticas y enfrentamientos políticos, como el caso del Govern balear del PP, que ha presentado alegaciones a la reforma de la ley de costas. El Ejecutivo dirigido por Marga Prohens sostiene que el proyecto de reforma no refleja adecuadamente los intereses y necesidades de la comunidad.

En València, Compromís ha presentado una serie de consideraciones al anteproyecto de ley de costas que está impulsando el Consell. Para Compromís la nueva ley va en contra de la regulación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) que «ya ha sido evaluada ambientalmente y posteriormente ratificada en firme judicialmente». Según la diputada de Compromís en las Corts, Paula Espinosa, es sintomático que el concepto de cambio climático no aparezca en el documento y se obvie la fragilidad de nuestro litoral ante estas circunstancias.