La financiación adicional busca ampliar la atención a más de 416.000 usuarios

El Gobierno calcula que la lista de espera de dependencia se reducirá en 71.338 personas al cierre de 2027. Esta previsión se vincula a la inyección de 6.200 millones de euros adicionales para el sistema de dependencia durante dos años.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la nueva financiación permitirá que 416.774 personas más se incorporen al sistema y accedan a una prestación.

Una reducción del 47% en la espera para recibir prestaciones

Fuentes del departamento dirigido por Pablo Bustinduy señalan que el aumento de las cantidades transferidas por el Estado para financiar la dependencia rebajará en un 47% las listas de espera para acceder a una prestación efectiva.

Las mismas previsiones, recogidas por Europa Press, apuntan a que al final de 2027 habrá 416.774 usuarios adicionales percibiendo una prestación por dependencia. La cifra supone un incremento del 25% en comparación con 2025 y elevaría hasta 2.099.559 el número total de personas atendidas por el sistema.

Una aportación estatal de carácter estructural

Derechos Sociales sostiene que la reducción de las listas de espera y el crecimiento de las personas atendidas continuará más allá de 2027, dado que el aumento de la aportación estatal a las comunidades autónomas tendrá carácter estructural.

Según el Ministerio, las nuevas cuantías quedarán establecidas y protegidas por ley, por lo que los gobiernos autonómicos seguirán contando con esta financiación adicional en 2028 y en los años siguientes.

El objetivo es que el Estado cubra el 50% del gasto en 2027

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de junio un real decreto ley que contempla los 6.200 millones de euros extra para dependencia en dos años. La medida culmina el compromiso de que la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) alcance en 2027 el 50% del gasto total.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Pablo Bustinduy calificó la medida como un «avance irreversible» para que «nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio».