El Consejo Consultivo ha dado su aprobación al decreto ley del Gobierno de Canarias, creado para abordar la escasez de vivienda en las Islas. Este informe, que es preceptivo pero no vinculante, destaca varias cuestiones, incluyendo la potencial intersección con las competencias municipales. A pesar de estas observaciones, Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno autonómico, no tiene intención de modificar el texto del decreto.
El Consejo Consultivo ha reconocido la capacidad del Gobierno para actuar como lo ha hecho hasta ahora y ha validado la pertinencia del decreto. Sin embargo, el Consejo Consultivo ha señalado que falta una clara definición de la «emergencia habitacional» en el decreto.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, ha expresado su convicción de que el decreto tendrá un efecto dinamizador en el sector inmobiliario. También espera que los problemas que surjan sean mínimos y que no se produzca una judicialización alarmante.
La «emergencia habitacional» no es un problema nuevo, según Rodríguez. La novedad es la decisión de controlar la escalada de precios desde el nivel autonómico. Hace dos semanas, el Gobierno de España publicó un índice para determinar el precio máximo que puede cobrarse por un alquiler residencial en cada inmueble de España. Sin embargo, Canarias no utilizará este índice.
La razón es que son los ayuntamientos los que deben iniciar el expediente para delimitar y declarar zonas tensionadas, aquellas en las que los precios elevados hacen imposible el acceso de los ciudadanos a una vivienda. Ninguno de los 88 municipios canarios ha actuado en este sentido.
Además, el Gobierno de Canarias está convencido de que medidas como la imposición de límites de precios llevarían a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado. Esto llevaría a una mayor contracción de la oferta y a precios aún más elevados.
El Consejo Consultivo también ha señalado que el decreto podría estar comprometiendo la seguridad jurídica. Para que las normativas vuelvan a su cauce normal, será el Gobierno el que determine si se está resolviendo la «emergencia habitacional». Esta decisión se tomará basándose en si los precios de alquiler y venta de inmuebles están bajando.
En cuanto a la ausencia de consultas a las administraciones que también tienen competencias en el ámbito territorial y urbanístico, Rodríguez ha aclarado que no existe un procedimiento previo para aprobar un decreto ley en el Consejo de Gobierno.
El pasado viernes, el Parlamento convocó a la Comisión de Cabildos. En esa reunión, la consejera de Presidencia y Ordenación del Territorio de la institución insular majorera, Nereida Calero, instó a los presentes a «pensar con la cabeza antes de hacer disparates».
Calero se mostró especialmente crítica con la exención de la evaluación de impacto ambiental que consagra el decreto. A pesar de compartir partido con Rodríguez, sus palabras reflejan un desacuerdo en este aspecto.
En cuanto a la convalidación del decreto en el Parlamento de Canarias, Rodríguez se mostró confiado en obtener el voto favorable de los diputados que apoyan al Gobierno.
En resumen, el nuevo decreto ley del Gobierno de Canarias para abordar la escasez de vivienda ha recibido luz verde del Consejo Consultivo. A pesar de las críticas y problemas potenciales señalados, el Gobierno autonómico está decidido a seguir adelante con el decreto en su forma actual.