La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado dirigirse al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con el objetivo de solicitar la prórroga del plazo legalmente establecido para revisar todas las medidas adoptadas por los órganos judiciales en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad antes de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio. Este plazo finaliza el próximo 3 de septiembre.
La revisión de las medidas adoptadas se deriva del mandato contenido en la Ley 8/2021, que reformó la legislación civil y procesal para adaptar el ordenamiento jurídico interno a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York en 2006. Como resultado de esta reforma, se eliminaron la declaración judicial de incapacidad y la modificación judicial de la capacidad, ya que son mecanismos incompatibles con el pleno reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídicas de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Convención de Nueva York.
El CGPJ fundamenta su petición al Gobierno en un informe del Servicio de Inspección, que establece que el plazo de tres años fijado por la ley es insuficiente para proceder a la revisión, ya sea a instancia de las personas interesadas o del Ministerio Fiscal o de oficio, de todas las medidas que se hubiesen adoptado con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma.
Según informa el CGPJ, el informe revela que, a 31 de diciembre de 2023, quedaban pendientes de revisar por los órganos judiciales un total de 108.625 casos. Se señala además que, si no se adoptan medidas de refuerzo, el plazo adicional necesario para finalizar las revisiones pendientes sería de 4,9 años; en el caso de que sí se adoptaran, el plazo se reduciría a 3,7 años.
Por esta razón, a propuesta del Foro Justicia y Discapacidad del CGPJ, presidido por el vocal Juan Manuel Fernández, la Comisión Permanente ha acordado instar al Gobierno a que impulse una reforma legislativa y amplíe el plazo inicial de tres años a cinco años más, que concluirían el 3 de septiembre de 2029.
El acuerdo se enviará al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a las instituciones que integran el Foro Justicia y Discapacidad y a los delegados/as de discapacidad del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia.
Este movimiento representa un paso significativo en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en España, reflejando el esfuerzo continuo para garantizar una plena integración y reconocimiento jurídico. La decisión subraya la necesidad de adaptar el sistema judicial a los cambios legislativos y garantizar que todas las medidas adoptadas bajo la legislación anterior sean revisadas en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, esto también destaca los desafíos logísticos que presenta tal revisión, con más de 100,000 casos pendientes y las limitaciones temporales inherentes al proceso.