El Gobierno ha aprobado una partida de 180 millones de euros destinada a las cinco comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. La finalidad es ampliar la oferta de vivienda asequible y contribuir a reducir los precios del alquiler en los 317 municipios incluidos en esta figura.
La cuantía duplica la cifra anunciada inicialmente por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Además, el Ejecutivo ha autorizado otros 45 millones de euros para impulsar 2.000 alojamientos dirigidos a estudiantes, personal docente e investigadores en ciudades universitarias.
Cataluña concentra dos tercios de la financiación
Cataluña recibirá 119,4 millones de euros, equivalentes al 66% del total destinado a las zonas tensionadas. La comunidad presidida por Salvador Illa cuenta con 271 municipios declarados bajo esta categoría, por lo que percibirá la mayor asignación.
La distribución de los fondos tiene en cuenta tanto la población afectada por la declaración de zona tensionada como el esfuerzo económico que realizan las familias para afrontar el alquiler. De este modo, la financiación aumenta en los territorios con más residentes perjudicados y mayores dificultades para pagar estas rentas.
Los más de 60 millones de euros restantes se repartirán entre las otras cuatro comunidades que han aplicado este instrumento previsto en la Ley de Vivienda:
- País Vasco: 31 millones de euros para 18 municipios.
- Navarra: 13,3 millones de euros para 21 municipios.
- Galicia: 10,2 millones de euros para A Coruña y Santiago de Compostela.
- Asturias: 5,9 millones de euros para cinco municipios.
Quedan fuera de estas ayudas territorios como la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares, pese a figurar habitualmente entre las zonas con los precios más elevados. Sus gobiernos autonómicos no han recurrido a esta herramienta, que permite al Estado intervenir en mercados donde existe un riesgo especial de oferta insuficiente de vivienda asequible.
Fondos para vivienda, suelo y cobertura de impagos
Los recursos asignados a las zonas tensionadas podrán emplearse en la promoción, rehabilitación o adquisición de viviendas y otras soluciones habitacionales destinadas al alquiler asequible o social, tanto en suelo público como privado.
Adquisición y urbanización de suelo
El decreto también permitirá que las administraciones autonómicas, o las entidades con competencias en vivienda, adquieran, desarrollen o urbanicen suelo para construir inmuebles residenciales. El objetivo es contribuir a reducir un déficit habitacional que supera las 750.000 viviendas y que, según las previsiones recogidas, alcanzará el millón en 2028.
La falta de vivienda es una de las principales reclamaciones del sector, junto con una reforma de la Ley del Suelo que el Gobierno no ha logrado aprobar durante esta legislatura por falta de apoyos.
Garantías para los propietarios
Los 180 millones también podrán utilizarse para cubrir impagos en contratos de arrendamiento. Con esta medida, el Ejecutivo busca proporcionar mayor seguridad a los propietarios, una demanda reiterada por el sector. El decreto contempla así todo el ciclo de una vivienda, desde la obtención del suelo hasta su salida al mercado del alquiler.
El Gobierno mantiene en marcha otras medidas extraordinarias para estos territorios dentro del Plan Estatal de Vivienda, entre ellas las ayudas para construir vivienda pública y la posibilidad de que las administraciones financien hasta el 85% del coste de adquisición de viviendas ya construidas en zonas tensionadas para destinarlas al alquiler asequible.
45 millones para ampliar el alojamiento universitario
Las dos ayudas se han aprobado mediante real decreto, por lo que no tendrán que pasar por la Diputación Permanente. Esta iniciativa forma parte de los llamados martes sociales, con los que el Ejecutivo se ha comprometido a continuar gobernando pese al adelanto electoral.
El segundo decreto moviliza 45 millones de euros para siete actuaciones en Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana. El propósito es ampliar la oferta residencial para la comunidad universitaria y, al mismo tiempo, rebajar la presión sobre el mercado de vivienda en las ciudades universitarias.