El Gobierno de España ha expresado su confianza en el futuro de las finanzas de la Seguridad Social, a pesar de las críticas contenidas en el reciente informe de envejecimiento de la Comisión Europea, el Ageing Report 2024. Este informe corrige parcialmente las previsiones del Gobierno sobre el impacto de las reformas de pensiones aprobadas entre 2021 y 2023. Sin embargo, el Gobierno insiste en que la trayectoria de gasto a corto y medio plazo es prácticamente idéntica a la que había previsto.
Una semana después de la publicación del informe, el gabinete de la ministra Elma Saiz destacó con orgullo que la pensión media del sistema había aumentado en un 27% en solo cinco años, situándose en 1.252 euros mensuales en abril. Este incremento es el resultado de las medidas aprobadas en la primera fase de la reforma de las pensiones, que vinculó de nuevo las revalorizaciones de las prestaciones al incremento anual de la inflación. Esta medida ha proporcionado a los 9.187.187 pensionistas de España un aumento significativo de sus ingresos en los últimos años.
La pensión media del sistema, que incluye varias categorías de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), ha pasado de 995 euros en abril de 2019 a 1.252 euros en abril de este año, un aumento del 27%. El Gobierno destaca que, desde la entrada en vigor de la Ley 21/2021, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, la pensión media del sistema ha aumentado un 21,5% gracias en gran medida a la revalorización de acuerdo con el IPC aplicada en los últimos tres años.
En contraposición a las advertencias de la Comisión Europea sobre el impacto financiero de las medidas de reforma de las pensiones, el Gobierno sigue defendiendo la vinculación de las pensiones al IPC. La ministra Elma Saiz declaró que «la subida de los precios a consecuencia de la guerra de Ucrania nos ha demostrado que revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC por ley fue muy acertado. Es seguridad para nuestros pensionistas y es justicia social».
Como resultado de estas revalorizaciones, las pensiones por incapacidad permanente han pasado de 978 euros en abril de 2019 a 1.160 euros mensuales, un 18,6% más; las pensiones de jubilación han aumentado desde 1.143 euros hace cinco años a 1.439 euros de media en abril, un 25,9% más; las pensiones de viudedad han pasado de 714 euros a 894 euros, un 25,2% más; las pensiones de orfandad han aumentado de 405 euros a 501 euros mensuales, un 23,7% más; y las pensiones en favor de familiares han subido de 579 euros a 739 euros mensuales, un 27% más.
En abril de este año, la Seguridad Social destinó una cifra récord de 12.710,8 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en el mismo mes de 2023. Esto significa que cada mes se destina casi un punto del PIB a este capítulo presupuestario. Sin embargo, esto no incluye las pensiones de los funcionarios de clases pasivas del Estado. El número de estas prestaciones fue de 709.983 a finales de marzo de este año, un 2,2% más que en el mismo mes de 2023. La nómina mensual de estas pensiones ascendió a 1.574,8 millones de euros, un 6,6% más.
Por lo tanto, el gasto total en pensiones, incluyendo las de los funcionarios, se situaría en torno al 13,1% del PIB, más cerca de la estimación de la Comisión Europea que de la del Gobierno. La Comisión Europea estima que el gasto medio anual en pensiones hasta 2050 será del 15,1% del PIB, mientras que la Seguridad Social proyecta un 15%. Aunque esta diferencia puede parecer pequeña, la Comisión Europea advierte que se acentuará con el paso de los años, llegando a ser de 1,7 puntos porcentuales del PIB a mediados de siglo.
La Comisión Europea también discrepa con el Gobierno en su evaluación del déficit de la Seguridad Social. El Gobierno descuenta de la parte de ingresos la inyección de más de 40.000 millones de euros que el sistema recibe del Estado, y observa solo el saldo contributivo. Por el contrario, la Comisión Europea prevé un déficit medio anual de la Seguridad Social de 2,6 puntos del PIB, o unos 39.000 millones de euros anuales, que no se pueden cubrir con las cotizaciones de empresas y trabajadores.