El Gobierno español ha aprobado un incremento salarial del 2% para los funcionarios y más de 3,5 millones de empleados de la Administración, en todos sus niveles. Este aumento, que se traduce en un incremento medio de la nómina de 70 euros mensuales, se lleva a cabo en cumplimiento del Acuerdo Marco para un Administración del Siglo XXI firmado por el Ejecutivo con los sindicatos CC.OO. y UGT hace dos años.
Este acuerdo preveía un incremento base del 2% para 2024, así como un extra del 0,5% en función de la inflación. El Gobierno ha confirmado que la revalorización del 2% será efectiva con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de este año. Sin embargo, se esperará hasta enero de 2025 para comparar el aumento salarial acumulado con la inflación y decidir si se da luz verde al incremento adicional, que también tendría carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2024.
Revalorización salarial en el sector público
El acuerdo firmado en noviembre de 2022 preveía una revalorización del 2% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior. Asimismo, se estableció que si la suma de la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los años 2022, 2023 y 2024 superaba el incremento retributivo fijo acumulado en esos mismos años, se aplicaría un incremento retributivo adicional del 0,5%.
Aunque no se ha confirmado de manera oficial, se espera que la subida se haga efectiva el próximo mes de julio. El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, ha indicado a los sindicatos que la revalorización será efectiva «de forma inmediata» tras su aprobación en el Consejo de Ministros.
Según los datos del cierre de 2022, la remuneración media de los asalariados del sector público se situaba en 2.835 euros brutos mensuales. Con el alza del 2,5%, esto supondría un incremento medio de 57 euros mensuales. Si el Gobierno realiza el pago único por las devoluciones de las subidas devengadas desde comienzos de año en el próximo mes de julio, debería abonar un total de 342 euros de media por los seis meses precedentes.
Es importante destacar que los 3,5 millones de empleados dependientes de la Administración que se beneficiarán de la subida salarial no tienen los mismos niveles de remuneración. Por tanto, ni el incremento ni el devengo por los retrasos serán de similar cuantía. La contratación pública en sus diferentes niveles, incluyendo el Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las empresas públicas, presenta diferencias significativas en los ingresos que afectarán la revalorización.
A nivel salarial, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece una distribución de los ingresos de los asalariados del sector público por deciles de renta. En el primer nivel, con ingresos de 705 euros mensuales, la revalorización sería de 14 euros mensuales. En el nivel intermedio, con rentas brutas mensuales de 1.722 euros, el aumento sería de 34,5 euros mensuales. En el extremo más elevado, con retribuciones medias de 4.825 euros mensuales, el incremento sería de 97 euros mensuales.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que «la subida será efectiva con carácter retroactivo y se podrá sumar un 0,5% adicional en función de la inflación que se verá en enero de 2025». Esta revalorización salarial total de los empleados públicos alcanzará hasta el 9,8% durante su periodo de vigencia (2022-2024).
Por último, es importante señalar que esta medida ha sido celebrada por los sindicatos UGT y CC.OO., aunque han criticado la demora en su aplicación. Por su parte, el sindicato CSIF ha denunciado el oportunismo del Gobierno con esta maniobra en plena negociación de la nueva Oferta Pública de Empleo, que superará las 40.000 plazas en los próximos Presupuestos Generales. Ni CC.OO. ni CSIF han suscrito esta oferta, al considerar insuficiente el volumen de plazas a pesar de ser un nuevo máximo histórico.