El Gobierno español ha mostrado abiertamente sus reservas sobre la posible entrada del grupo energético emiratí Taqa, controlado por el emirato de Abu Dabi, en el accionariado de Naturgy, el mayor gasista español y tercer mayor grupo eléctrico del país. La energética española es considerada estratégica para los intereses nacionales, y el Gobierno ya ha comenzado a buscar alternativas a la oferta pública de adquisición (opa) de Taqa. Incluso, no se descarta una posible entrada del Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el capital de Naturgy, tal como se hizo con Telefónica.
El grupo emiratí Taqa ha confirmado que negocia con los fondos CVC y GIP la adquisición de sus participaciones en Naturgy, que suman un 41,3% de las acciones, valoradas en más de 9.200 millones de euros. Esta adquisición obligaría a Taqa a lanzar una opa sobre la totalidad de las acciones del grupo, ahora valorado en 22.300 millones de euros, al superar el tope legal del 30%.
Paralelamente, Taqa busca una alianza con CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación La Caixa y actual principal accionista de Naturgy, con un 26,7% de las acciones. Sin embargo, los planes de Taqa no pasan por tomar el control del 100% de Naturgy, ya que también negocian con CriteriaCaixa un posible pacto de cooperación para gestionar conjuntamente el grupo español.
Ante este escenario, el Gobierno español, con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza, ha manifestado su interés en que solo entren inversores con «capital claro, transparente y a ser posible español» en las empresas estratégicas españolas. Tras estas declaraciones, Montero ha anticipado la búsqueda de una alternativa española a la entrada del capital emiratí en Naturgy.
Teresa Ribera, la otra vicepresidenta socialista y ministra para la Transición Ecológica, también ha señalado que el Gobierno no descarta la entrada directa del Estado como accionista en Naturgy. Ribera ha enfatizado la importancia de garantizar que Naturgy, una empresa de primer alcance, no tenga ningún problema en su gestión.
Otro actor en esta situación es Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, que se ha mostrado claramente en contra de la entrada de Taqa en Naturgy. Su portavoz, Íñigo Errejón, ha defendido como alternativa la entrada del Estado español en el capital de Naturgy, alegando que la operación supone una amenaza para los intereses estratégicos de España, para su soberanía y seguridad nacional.
El Gobierno español ya ha demostrado su apuesta intervencionista en empresas estratégicas, como en el caso del grupo tecnológico y de defensa Indra, con Telefónica y también en Talgo, para frenar el intento de compra por parte del grupo húngaro Magyar Vagon.
La operación de entrada de Emiratos Árabes en Naturgy debe pasar por el filtro del denominado ‘escudo antiopas’, una legislación reforzada el pasado verano que obliga a grupos extranjeros a recibir la autorización del Gobierno para tomar participaciones superiores al 10% en compañías de sectores que se consideran estratégicos.
El Gobierno ya utilizó este ‘escudo antiopas’ en Naturgy e impuso en 2021 condiciones al fondo australiano IFM para aprobar su opa parcial. Estas condiciones incluían el apoyo a la inversión en proyectos estratégicos renovables para España, el mantenimiento de la sede de la compañía y de la gestión de los negocios en España, una política de prudencia en el reparto de dividendos, mantener una parte significativa de la plantilla en España y una ratio de endeudamiento dentro del grado de inversión.
Finalmente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que el Gobierno tiene a su disposición dos recursos en el caso de Naturgy y de otros grupos clave para los intereses de Estado: que la SEPI entre con la participación accionarial, como en el caso de Telefónica, o que se exijan una serie de requisitos a los inversores, como se ha hecho en la fusión de Orange España y MásMóvil.