Más de tres millones de trabajadores públicos recibirán el incremento
El Gobierno ha aprobado un decreto-ley para aplicar una subida salarial del 4,5% a más de tres millones de empleados públicos a partir del 1 de enero. La medida, acordada con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF, supondrá un aumento de entre 1.440 y 4.200 euros brutos anuales, distribuidos en catorce pagas.
La norma todavía deberá ser convalidada por la Diputación Permanente, al tratarse de un decreto-ley. En el ámbito del sector público estatal, el incremento se reflejará en la nómina de enero y alcanzará a 546.000 empleados. El resto de administraciones deberá adoptar las medidas necesarias para trasladar la subida a sus respectivos trabajadores públicos.
Incrementos según el puesto de trabajo
El alza prevista implica que un administrativo del sector público percibirá hasta 1.440 euros más al año. En el caso de un policía nacional, el aumento será de 1.900 euros; para un maestro, superará los 2.700 euros; un médico obtendrá alrededor de 3.700 euros adicionales; y un juez cobrará algo más de 4.100 euros.
Estas cantidades podrían elevarse si el Instituto Nacional de Estadística confirma que el IPC de diciembre crece por encima del 1,5%. En ese supuesto, el Ejecutivo deberá aprobar durante el primer trimestre un incremento adicional del 0,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que esta circunstancia se producirá con toda seguridad ante la evolución al alza de los precios.
López ha defendido que se trata de la mayor subida salarial para los funcionarios desde 1992.
Un acuerdo que contempla una subida del 11% hasta 2028
La revalorización se integra en el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los sindicatos de la Función Pública, que prevé elevar los salarios públicos un 11% hasta 2028. El calendario incluye un aumento del 2,5% en 2025; del 1,5% en 2026, junto a un variable adicional del 0,5% ligado a la evolución del IPC; del 4,5% en 2027; y del 2% en 2028.
Mejoras en las indemnizaciones por residencia y acción social
El decreto-ley también incrementa un 4,5% las indemnizaciones por residencia que reciben los funcionarios de la Administración General del Estado para compensar el mayor coste de vida en territorios como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán.
El pasado julio, tras el acuerdo sindical, se actualizaron las indemnizaciones de los 11.176 efectivos de la Administración del Estado residentes en Baleares, que quedaron equiparadas a las de Canarias. Ahora, todas estas cuantías aumentarán un 4,5%, el máximo incremento salarial contemplado.
Asimismo, la normativa eleva un 4,5% las partidas destinadas a los planes de acción social del personal del sector público. Estas ayudas cubren, entre otros conceptos, estudios, transporte público al centro de trabajo, alquiler o compra de vivienda, guarderías, tratamientos odontológicos, prótesis auditivas y gafas.

