En los primeros tres meses de este año, el Estado ha tenido que hacer una transferencia de más de 7.000 millones de euros a la Seguridad Social para cumplir con sus crecientes compromisos de gasto, impulsados por la última revalorización de las prestaciones realizada por el Gobierno. Este incremento, que asciende al 3,8%, es el segundo más alto en la historia.
El aumento de los ingresos por cotizaciones sociales, que experimentó un crecimiento del 7,7% durante el primer trimestre del año, no ha sido suficiente para cubrir la totalidad de los gastos comprometidos. Este incremento de los ingresos se ha visto impulsado por medidas regulatorias recientes, como el endurecimiento del mecanismo de equidad intergeneracional, el aumento y la eliminación del límite de las bases máximas y el incremento del salario mínimo.
En total, las empresas y los trabajadores aportaron 40.262 millones de euros en forma de cotizaciones en el primer trimestre del año. Comparado con los datos de 2019, el último año no afectado por la pandemia, las cotizaciones han aumentado en 9.696 millones de euros, es decir, un 48,3%. Sin embargo, los compromisos de gasto en prestaciones económicas a familias e instituciones han ascendido a 45.019 millones, lo que supone un 8,6% más que en el mismo periodo del año pasado.
Ante esta situación, el Gobierno se ha visto obligado a activar la transferencia procedente de la tesorería del Estado, es decir, de la recaudación tributaria, para proporcionar al sistema la capacidad necesaria para pagar no solo las pensiones, sino la totalidad de las prestaciones. De hecho, de los 48.326 millones de euros de ingresos totales del sistema, 7.637 millones corresponden a la inyección presupuestaria. Esto representa un 15% del total y un 27% más que hace un año.
A pesar de todo, el resultado financiero del sistema en este primer trimestre del año arroja un escaso superávit de 550 millones de euros. Esto es el 0,04% del PIB, resultado de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 48.326 millones de euros, que muestran un incremento del 10,5%, y unas obligaciones reconocidas de 47.776 millones, que crecen en un 8,8% interanual.
En un análisis detallado del área contributiva, el gasto en pensiones se ha incrementado un 7,6%, hasta los 36.295 millones de euros, debido al aumento del número de pensionistas (1,2%), a la elevación de la pensión media (5%), así como a la revalorización general del 3,8% de las pensiones contributivas en el ejercicio 2024. En cuanto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total ha aumentado un 15,7% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 3.587 millones de euros.
Las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad han ascendido a 1.050 millones, un 5,7% más. Por otro lado, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, han alcanzado los 3.887 millones de euros, un 13,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior debido, fundamentalmente, a la revalorización general del 6,9% establecida para el ejercicio 2024.
De este importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 2.371 millones (un 7,6% más), y a subsidios y otras prestaciones, 1.515 millones (un 23,2% más). De estos últimos, 1.381 millones de euros corresponden al Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 18,7% más respecto del año anterior.