El Gobierno ha admitido recientemente su responsabilidad por el estancamiento de un proyecto crucial de desaladoras en la Costa del Sol, un proyecto que se ha paralizado y que había sido objeto de acusaciones mutuas entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. Esta admisión ha surgido en respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por el senador José Alberto Armijo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El senador Armijo había planteado la cuestión del progreso del proyecto de la planta desaladora propuesta para la comarca malagueña de la Axarquía. El Gobierno había incluido la construcción de esta desaladora en la Costa del Sol como una medida prioritaria en el Real Decreto-ley 4/2023, como respuesta a la creciente sequía que afecta a la región. La Junta de Andalucía había propuesto que la planta desaladora se construyera en la Axarquía, con una capacidad prevista de 20 hectómetros cúbicos.

Para que esta propuesta se convierta en realidad, es necesario que la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) se haga cargo del proyecto, y que este sea aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sin embargo, la paralización del proyecto se debe a la tramitación de una modificación del segundo Convenio de Gestión Directa de Acuamed, un trámite que corresponde al ministerio de Teresa Ribera. Esta modificación es crucial para que Acuamed pueda avanzar con el proyecto.

Esta situación se produce casi un año después de que el Gobierno se comprometiera durante su campaña electoral a invertir 100 millones de euros en esta infraestructura, una promesa que se hizo en el contexto de una de las grandes obras hídricas pendientes en la provincia. Sin embargo, a pesar de su compromiso, el Gobierno ha culpado a la Junta de Andalucía por el retraso del proyecto.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, acusó en marzo al Gobierno andaluz de no proporcionar los proyectos y terrenos necesarios para el desarrollo de la desaladora, a pesar de que los terrenos fueron enviados al ministerio en enero. Sin embargo, el Gobierno ha cambiado su postura y ha asumido la responsabilidad del bloqueo del proyecto, a la espera de la resolución de este trámite administrativo.

El senador Armijo, en su respuesta a la admisión del Gobierno, criticó su gestión y pidió más rigor en la gestión de proyectos tan importantes para la región. También acusó al Gobierno de usar las acusaciones contra la Junta de Andalucía como una «excusa para no hacer nada».

A pesar de las críticas del Partido Popular por «mentir» sobre la responsabilidad del bloqueo, el Gobierno no se retractó y continuó culpando a la Junta de Andalucía por su «falta de colaboración». Javier Salas, subdelegado del Gobierno, afirmó que el Gobierno andaluz «ha tardado ocho meses en aportar al Ministerio la ubicación de la desaladora».

En un escrito fechado el 3 de abril, el Gobierno explicó que no será hasta que se produzca la citada encomienda a Acuamed cuando se podrán estimar los plazos para el desarrollo de la desaladora. Además, una vez formalizada la encomienda, Acuamed será la encargada de redactar el proyecto, así como de su tramitación administrativa y posterior licitación de las obras.