El Gobierno de España ha comenzado a implementar su estrategia para convertirse en el mayor accionista de Telefónica, una de las principales compañías de telecomunicaciones a nivel mundial. A través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Gobierno ha adquirido un 3% de las acciones de la compañía, con el objetivo final de alcanzar el 10% de la participación accionarial.
El objetivo de esta operación es dar «mayor estabilidad accionarial» a Telefónica y «salvaguardar» las capacidades y la autonomía de una compañía «estratégica para los intereses nacionales», según la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Alegría enfatizó que la operación se realizará «lo más rápido posible, en el menor tiempo posible», siempre con la intención de no impactar en la cotización en bolsa de la teleco.
Este movimiento estratégico del Gobierno español surge en respuesta a la irrupción de Arabia Saudí en el accionariado de Telefónica y su intención de adquirir una participación del 9,9%. En diciembre, el Consejo de Ministros autorizó a SEPI a comprar hasta el 10% de las acciones de la compañía, una medida que busca blindar una empresa considerada vital para la seguridad nacional y la defensa del país.
La operación se produce un cuarto de siglo después de la privatización total de Telefónica y emula las participaciones directas que otros Gobiernos europeos tienen en sus principales telecos. Alemania posee un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia tiene un 13,4% en Orange; e Italia ha llegado a un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.
El paquete accionarial actual del 3,044% que ostenta el Estado español en Telefónica tiene un precio de mercado de unos 700 millones de euros, con la cotización de la operadora superando ya los 4 euros por acción. Para completar la compra del otro 7% de la operadora, el Gobierno tendría que desembolsar unos 1.600 millones de euros adicionales, siempre según el precio de mercado actual.
Saudí Telecom (STC), la operadora controlada por el Estado saudí, mantiene sus planes de alcanzar una participación del 9,9% en Telefónica. Actualmente, la teleco saudí cuenta con un paquete directo del 4,9% y derivados financieros por otro 5% adicional que aún debe ejecutar. Para ejercer un control accionarial en Telefónica por encima del 4,9%, STC tendría que solicitar el permiso del Gobierno español.
La entrada de SEPI en el capital de Telefónica fortalece el núcleo de socios españoles que buscan asegurar el control del grupo. Este nuevo núcleo duro de accionistas españoles estará formado por SEPI, junto a BBVA y Caixabank, los dos grandes socios que han proporcionado estabilidad accionarial a la compañía y que tienen intención de seguir haciéndolo. BBVA cuenta con una participación del 4,87% y Caixabank ha anunciado este mismo lunes un recorte de su participación en Telefónica del 3,5 al 2,5%, pero cuenta con otro 2,5% en manos de Criteria, el brazo inversor de Fundación Caixa.