Plus Ultra se encuentra al borde de la quiebra, mientras el Estado trata de preservar la posibilidad de recuperar los 53 millones de euros que le concedió durante la pandemia. La aerolínea ha comunicado al juzgado que mantiene negociaciones con sus acreedores, prepara un ERE para sus 679 trabajadores y ha suspendido la mayor parte de sus rutas.

La principal vía de apoyo pasa por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que lleva meses trabajando en una posible «recalendarización de sus pagos». Entre las opciones se contempla retrasar hasta 2030 el vencimiento del préstamo participativo de 34 millones de euros, previsto inicialmente para 2028. Legalmente no se plantea una quita y, según fuentes conocedoras de las conversaciones, el Estado mantiene su intención de cobrar la ayuda.

La venta de la compañía queda paralizada

La dependencia de la SEPI ha crecido después de que la investigación judicial sobre el rescate haya bloqueado otra posible salida: la venta de la aerolínea. Plus Ultra aún contaba en septiembre con dos potenciales compradores interesados, pero las negociaciones se han detenido por la incertidumbre vinculada al procedimiento judicial.

Con esta alternativa paralizada, la empresa ha encargado al despacho Summa Iuris la preparación de un plan de reestructuración para alcanzar un acuerdo con sus acreedores y evitar el concurso. Abogados del bufete trabajaban este miércoles en la sede de la compañía en las cuentas que deberán respaldar ese plan.

El alza del queroseno agrava las pérdidas

El aumento del precio del queroseno ha empeorado una situación financiera que ya era frágil. Plus Ultra calcula que este año destinará 104,8 millones de euros al combustible, es decir, 35,7 millones más de lo presupuestado, un incremento del 51,6%.

La compañía carece de la capacidad financiera de los grandes grupos, sus coberturas no son suficientes y no puede elevar las tarifas sin arriesgarse a perder clientes. Como consecuencia, buena parte de sus rutas son deficitarias. Entre febrero y agosto registró pérdidas operativas por 31,08 millones de euros.

Caracas, la principal ruta que se mantiene

Para reducir pérdidas y proteger su liquidez, la aerolínea ha aplicado un amplio recorte de operaciones. Las conexiones con Bogotá, Buenos Aires, Lima, Montevideo y Valencia, en Venezuela, han sido retiradas de la programación.

Plus Ultra intenta conservar los vuelos a Caracas desde Madrid y Tenerife, considerados más rentables por determinados acuerdos comerciales, además de la actividad de alquiler de aviones con tripulación a terceros.

La cancelación de rutas ha dejado en tierra a miles de pasajeros que solicitan reembolsos o alternativas de viaje. La empresa asegura que devolverá el importe de los vuelos cancelados, aunque el riesgo de insolvencia plantea dudas sobre su capacidad para atender todas las reclamaciones.

Un ERE para una plantilla de 679 personas

La dirección ha trasladado al comité de empresa su intención de abrir un expediente de regulación de empleo, aunque todavía no ha concretado el número de afectados. La plantilla está distribuida entre la base de Barajas y las oficinas de Alcobendas.

La compañía ya ha solicitado la constitución de la comisión negociadora, si bien fuentes sindicales indicaron que aún no habían recibido la documentación oficial.

El rescate público vuelve al centro del debate

La viabilidad de Plus Ultra ya había generado advertencias antes de recibir fondos públicos. En febrero de 2021, un mes antes de la aprobación de la ayuda, la Dirección General de Aviación Civil anticipó «una situación complicada para la compañía». Aunque no la calificó de inviable, sus datos reflejaban la vulnerabilidad de una aerolínea pequeña ante las dificultades de recuperación de ese mercado.

El Gobierno aprobó el 9 de marzo de 2021 una ayuda de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, del que también se beneficiaron Air Europa, Air Nostrum y Volotea. La operación contó con informes favorables encargados por la SEPI.

En 2024, el Tribunal de Cuentas concluyó que la SEPI había aplicado correctamente los requisitos del fondo, aunque recomendó mejorar el seguimiento de las empresas rescatadas.

La ayuda se estructuró en dos tramos: un préstamo ordinario de 19 millones de euros, a cinco años, y un préstamo participativo de 34 millones, con vencimiento en 2028. Cualquier cambio en estas condiciones requiere la aprobación de la SEPI, que ya aceptó revisar el calendario de devolución del crédito ordinario.

Actualmente se valoran tres alternativas: reducir la carga de intereses, revisar el préstamo ordinario o aplazar hasta 2030 el préstamo participativo a cambio de un mayor coste financiero. Para Plus Ultra, supondría disponer de dos años adicionales para reconstruir su actividad; para el Estado, mantener la expectativa de cobro, aunque prolongando su exposición a una posible insolvencia.

La decisión se adopta en un contexto políticamente delicado, con elecciones próximas y una investigación judicial abierta, por lo que cualquier modificación de las condiciones del rescate volvería a situar a Plus Ultra en el centro de la controversia.

La investigación judicial sobre el rescate

Las sospechas sobre la ayuda derivaron en una investigación penal. El economista Pedro Martín Molina, perito designado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que inicialmente investigó el caso, cuestionó en un informe de 2021 si Plus Ultra cumplía las condiciones patrimoniales para acceder al fondo. También planteó si la empresa debía haber sido considerada en crisis ya al cierre de 2019.

La causa se encuentra en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama investiga, entre otros, a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien la UDEF atribuye de forma indiciaria un papel director en una presunta estructura de tráfico de influencias.

El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, también investigado, declaró ante el juez que Zapatero le llamó en abril de 2020 para interesarse por la compañía. Asimismo, vinculó con su entorno una remuneración equivalente al 1% del rescate, es decir, 530.000 euros, que, según su versión, se abonó a través de distintas sociedades.

La investigación también analiza la relación de Plus Ultra con la Seguridad Social. Cuando solicitó el rescate, en septiembre de 2020, la aerolínea presentó certificados fechados el 20 de agosto que acreditaban que estaba al corriente de pagos. Sin embargo, arrastraba una deuda histórica de 451.954,79 euros, cuyo aplazamiento fue aprobado el 5 de octubre. La UDEF ha examinado esta aparente contradicción, aunque la normativa permite figurar al corriente de pago cuando existen deudas aplazadas y se cumplen las condiciones establecidas.