Europa afronta una transformación demográfica que obligará a revisar sus prioridades presupuestarias. Mientras miles de jóvenes reclaman mejores oportunidades y denuncian el empeoramiento de sus condiciones de vida, las cuentas públicas deberán destinar una proporción creciente de recursos a una población que envejece con rapidez.

Desde la acampada de la Puerta del Sol, replicada en la Praça do Rossio de Lisboa y en la plaza ateniense de Síntagma, hasta los episodios de violencia en Francia e Italia y las movilizaciones en los Balcanes, el malestar juvenil se extiende por buena parte del continente. En Serbia, las protestas estudiantiles han derrotado en las urnas a Aleksandar Vučić, mientras que en Albania amenazan al primer ministro, Edi Rama.

Un continente con menos jóvenes y más población mayor

La Generación Z se enfrenta a una emancipación cada vez más tardía, marcada por las dificultades de acceso a la vivienda, los salarios bajos al inicio de la carrera profesional, la precariedad laboral y una inflación que continúa elevando el coste de la vida. Esta situación ha contribuido al aumento de los trabajadores pobres.

A estos problemas se añade un reto estructural: los jóvenes son cada vez menos en una Europa envejecida. El reparto del gasto público entre generaciones ganará relevancia durante las próximas décadas y exigirá una revisión de las prioridades de la política fiscal.

Según el Banco Mundial, en 2050 un tercio de la población mundial tendrá más de 60 años. El aumento de la esperanza de vida, la jubilación de la generación del baby boom y la caída de la natalidad obligarán a adaptar los estados del bienestar. El resultado será un mayor esfuerzo destinado a pensiones, sanidad y cuidados de larga duración, junto con una menor presión presupuestaria sobre partidas como la educación.

Las previsiones de la OCDE apuntan a que, en sus países miembros, el gasto en pensiones pasará del 8,8% actual al 10% del PIB en 2050. El crecimiento será especialmente intenso en los cuidados de larga duración: su coste prácticamente se duplicará en 25 años, desde el 1,6% del PIB de 2023 hasta el 2,8% en 2050.

España perderá población en edad de trabajar

España también seguirá esta tendencia. Entre 2030 y 2050, el país perderá 1,8 millones de personas en edad laboral, entre 16 y 64 años, mientras que la población mayor de 64 años aumentará en 4,8 millones, de acuerdo con un informe de la Fundación Adecco.

Este desequilibrio incrementará la presión sobre las finanzas públicas, particularmente sobre las pensiones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que el gasto en esta partida pasará del 12,9% del PIB en 2023 al 16,1% en 2050.

Asimismo, crecerán los recursos dirigidos a la sanidad y a la dependencia. Las estimaciones de la Airef indican que el gasto sanitario aumentará 1,4 puntos de PIB entre 2023 y 2050, mientras que los cuidados de larga duración sumarán otros 0,7 puntos.

El recurso a las cotizaciones sociales

Una particularidad española respecto a otros países europeos es la vía escogida para financiar el incremento del gasto en pensiones. Para Desiderio Romero, investigador sénior de Funcas, España ha optado por elevar los ingresos para contener el desequilibrio.

«Lo que hemos hecho para tratar de contener el crecimiento del gasto en pensiones, que es muy elevado cada año, en torno a 60.000 millones de euros, ha sido recurrir a la vía de los ingresos; es decir, aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social», explica. A su juicio, controlar esta evolución mediante una reforma eficaz requeriría un consenso político que actualmente no existe en España.

La educación pierde peso ante la caída de la natalidad

Mientras las pensiones y la sanidad absorben una porción cada vez mayor de los presupuestos, la educación sigue el camino contrario. La reducción de la natalidad y el peso creciente de otras áreas del gasto público explican esta evolución.

En Europa, el gasto público en educación alcanzó su máximo en 2020, con el 5% del PIB, y posteriormente descendió al 4,7% en 2023, según Eurostat. La Comisión Europea atribuye el retroceso a la «competencia por parte de otras funciones públicas» desde la pandemia, que ha reducido su participación en el gasto público total frente a la década anterior.

La menor relevancia presupuestaria de la educación también aparece en las reivindicaciones de docentes y estudiantes. En Francia, las movilizaciones comenzaron con una demanda de mayor financiación para los centros. En España, Madrid ha acogido durante las últimas semanas huelgas y manifestaciones en defensa de la educación pública.

La OCDE advierte de que, en la mayoría de sus países miembros y de los candidatos a la adhesión, el porcentaje que supone la educación dentro del gasto público general ha disminuido ligeramente desde 2019.

En España, la Airef prevé una reducción de 0,8 puntos de PIB en el gasto educativo entre 2023 y 2050. Romero atribuye principalmente esta disminución al descenso de la natalidad, aunque sostiene que es necesario mejorar la eficiencia de los recursos para reducir el abandono escolar y aumentar una productividad que permanece estancada desde hace años.

«Necesitamos que aumente para mantener el crecimiento y poder asegurar el incremento del gasto», señala. Con una población activa más reducida, la capacidad para generar riqueza será clave para financiar el Estado del bienestar.

El rearme añade presión a los presupuestos

A la competencia entre partidas se incorpora otra prioridad para los gobiernos europeos: el rearme. El empeoramiento del contexto geopolítico y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea han llevado a Bruselas a promover el plan Preparación 2030, con el objetivo de movilizar hasta 800.000 millones de euros adicionales para defensa.

La OCDE alerta de que los incrementos relevantes del gasto militar pueden obligar a tomar decisiones complejas, sobre todo en los países con niveles elevados de deuda. España se encuentra entre ellos y, además, ha destinado históricamente pocos recursos a esta área.

La equidad entre generaciones, en el centro del debate

La dimensión de estos desafíos ha situado el equilibrio entre generaciones en el centro de la discusión sobre el futuro del Estado del bienestar. A principios de año, la Comisión Europea presentó su Estrategia de Equidad Intergeneracional para afrontar el cambio demográfico.

La iniciativa persigue garantizar pensiones y un sistema sanitario dignos y sostenibles sin trasladar a los jóvenes una carga excesiva de deuda. Bruselas plantea evitar las respuestas de corto plazo y actuar en dos frentes: impulsar los planes de pensiones privados o de empresa para no concentrar todo el esfuerzo en el sistema común, e invertir en educación, vivienda y empleo juvenil para facilitar una incorporación sólida de las nuevas generaciones al mercado laboral.

El desafío para Europa y España no se limita a asegurar la sostenibilidad financiera de las pensiones. Los gobiernos deberán responder de forma simultánea al envejecimiento poblacional, el aumento de las necesidades sanitarias y de dependencia, el refuerzo de las capacidades militares y la crisis de acceso a la vivienda.

Todo ello deberá abordarse con recursos fiscales limitados y una demanda de inversión creciente. Según Romero, el peso cada vez mayor de los jubilados en la pirámide demográfica absorbe ya una parte importante del aumento del gasto público. El margen para atender todas las necesidades será cada vez menor y el desequilibrio en la distribución de los recursos parece difícil de evitar. «Al final siempre alguien va a salir perjudicado», concluye.

Precios y salarios desde el año 2000

Entre los países de la Unión Europea donde se han producido protestas, España registra el mayor aumento de la inflación desde el año 2000. Los precios se han incrementado casi un 78%, según los datos armonizados de Eurostat, frente al 73% de Grecia, el 71% de Portugal, el 68% de Italia y el 59% de Francia.

Así, una cesta de bienes y servicios que costaba 100 euros en 2000 habría costado aproximadamente 178 euros en España en 2025; 173 euros en Grecia; 171 euros en Portugal; 168 euros en Italia; y 159 euros en Francia.

Los salarios reales, calculados en euros constantes y descontando el efecto de la inflación, han avanzado mucho menos desde comienzos de siglo. Francia y Portugal registran los mayores aumentos, del 20% y el 16%, respectivamente. En España, el incremento es del 8%, mientras que Grecia e Italia presentan una evolución negativa del 1% y del 3%, según datos de la OCDE.