El Tribunal Constitucional (TC) ha anunciado que a partir del 18 de junio, se debatirá un borrador de sentencia que podría anular la condena de inhabilitación de nueve años impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez. Esta condena se relaciona con un delito de prevaricación en el ampliamente conocido como ‘caso de los ERE‘.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, quien está a cargo de la ponencia, coincide con el criterio de la Fiscalía. Ambas entidades proponen que se estime el recurso de Álvarez en lo que respecta al delito de prevaricación. El Pleno del TC será el encargado de votar si respalda o no la redacción propuesta.
A principios de año, se supo que el Ministerio Público había informado a la corte de garantías que cualquier revisión de las penas del caso ERE solo debería afectar al delito de prevaricación. Esta afección estaría relacionada con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos de Andalucía y su envío al Parlamento autonómico.
Interpretación del delito de prevaricación
La Fiscalía sostiene que tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo han hecho una interpretación excesiva del delito de prevaricación, ya que se trata del ejercicio de la iniciativa legislativa.
Las fuentes consultadas señalan que la cuestión constitucional que plantea la condena de Álvarez es si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos, que se aprobó posteriormente como ley, podría haber sido juzgada o no por un juez penal y calificada como acto administrativo injusto.
Estas mismas fuentes insisten en que este será uno de los puntos de debate. Se estudiará si el juez en cuestión debería haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio TC si albergaba dudas sobre la legalidad de la ley en lugar de declararla ilegal.
El Constitucional abordará el caso de Álvarez después de casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional. Según una nota informativa publicada este lunes por el tribunal, este caso plantea un problema constitucional que afecta a derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y que suscita una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social con consecuencias políticas generales.
La próxima semana, el TC comenzará a deliberar sobre los recursos de amparo presentados por 12 de los condenados por el ‘caso ERE’, según anunció este lunes la corte de garantías. Lo hará tras un año y medio de estudio de los recursos que impugnan las sentencias de la denominada «pieza específica», relacionada con el uso irregular de las subvenciones autonómicas de la Junta de Andalucía para los Expedientes de Regulación de Empleo.
Algunos responsables fueron condenados como autores de un delito de prevaricación, y algunos de ellos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos.
Es relevante recordar que en 2022, el Tribunal Supremo confirmó la condena al expresidente andaluz Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación por prevaricación y la de su sucesor José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación, a 6 años de cárcel. Griñán no ha ingresado en prisión debido al tratamiento contra el cáncer de próstata que padece.
En la agenda del martes 18 de junio, el Pleno tiene previsto deliberar sobre los recursos interpuestos por la exministra socialista Magdalena Álvarez y José Antonio Viera.
En septiembre, el Constitucional rechazó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por siete de los condenados para suspender sus penas de prisión: Márquez, Serrano, Fernández, Vallejo, Rodríguez, Viera y Martínez.
La Fiscalía del Constitucional, en sus alegaciones a los recursos, apoyó revisar algunas condenas por prevaricación, entre ellas la del expresidente Chaves, pero no las impuestas por malversación, lo que perjudicaría a su sucesor Griñán, ya que fue el segundo delito lo que le acarreó pena de prisión.