El Congreso de España ha dado el primer paso para revisar el estatus de protección del lobo dentro del país, un hecho que ocurre más de dos años después de que el gobierno de Pedro Sánchez decidiera blindar a esta especie, prohibiendo su caza a nivel nacional. A pesar de las continuas quejas de los ganaderos y el descontento de las comunidades con mayor número de ejemplares, los intentos de revertir la situación habían sido infructuosos hasta el martes pasado, cuando el Partido Popular (PP) consiguió llevar al pleno del Congreso una proposición de ley que busca sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Esta medida permitiría la gestión cinegética del cánido al norte del Duero.
En esta segunda ocasión, el PP ha logrado el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Junts y Vox, además de la abstención de Bildu y Coalición Canaria, consiguiendo un total de 180 síes, frente a 155 noes y 7 abstenciones.
En el año 2021, el gobierno de Sánchez decidió otorgar protección al lobo en todo el territorio español, incluyendo Galicia, Asturias, Castilla y León, y Cantabria. Estas regiones albergan el 98% de la población de lobos en el país. El diputado del PP, Silverio Argüelles, ha defendido que esta medida ha creado «un problema donde no lo había» y ha sido un «atropello» a los ganaderos. Según Argüelles, los ataques de los lobos a la ganadería se han incrementado a un ritmo del 20% anual, llegando a matar a más de 14.000 animales en 2023. Incluso, la producción de cabrales ha disminuido un 20% debido a la ausencia de leche: los rebaños deben estar en régimen extensivo y la presencia del lobo lo ha complicado.
La proposición de ley, defendida por el PP, busca modificar el real decreto que desarrolla el Lespre para que la prohibición de la caza del lobo se circunscriba a las regiones al sur del Duero, tal y como estaba antes de 2021. Argüelles ha asegurado que la reversión de la protección absoluta del lobo es algo que el propio partido socialista pide al norte del Duero.
El diputado del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha reconocido que el tema del lobo «no se ha resuelto bien», a pesar de que el gobierno parece ignorar esa realidad. Sin embargo, el grupo vasco presentará sus propias enmiendas al texto del PP. Por su parte, Isidre Gavin i Valls, de Junts, ha anunciado el apoyo de su grupo a la proposición, aunque con condiciones: convocar sesiones de comparecencia para oír a todos los sectores afectados y esperar a que la Comisión Europea concluya su revisión sobre el régimen de gestión de la especie. Ángel López Maraver, de Vox, ha pedido que el veto a la caza del lobo se levante en toda España.
Por otro lado, el PSOE ha defendido su postura a través de Daniel Senderos, quien ha destacado la importancia de la coexistencia entre la función ecosistema del lobo y la ganadería extensiva. Según Senderos, no hay garantías de que la «extracción» de ejemplares sea la solución al problema de los ataques a la ganadería.
Julia Boada, de Sumar, también se ha pronunciado en contra de la proposición del PP, criticando que el texto no contenga «medidas concretas» más allá de sacar al lobo del listado de especies protegidas y que se remita a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para hacer una nueva estrategia, cuando se elaboró una hace apenas dos años. Boada ha instado al PP a «dejar de atacar al lobo».