El martes pasado, el Instituto Nacional de Estadística de Francia (INSEE) anunció que el déficit público de Francia en 2021 fue del 5,5%, un aumento significativo respecto al 4,8% registrado en 2020. Este déficit superó las previsiones de los últimos presupuestos adoptados por decreto en el otoño pasado, que estimaban un déficit del 4,9%. El presidente de la Corte de Cuentas, Pierre Moscovici, expresó su falta de sorpresa ante este anuncio, pero destacó que este aumento en el déficit es significativo e inusual.
Sin embargo, la causa subyacente de este aumento en el déficit público es la ralentización de la economía de Francia. El Producto Interno Bruto (PIB) francés sólo creció un 0,9% el año pasado, lo que redujo la recaudación fiscal y, en consecuencia, aumentó el déficit público. Este escenario económico puede poner en peligro las políticas económicas del presidente Emmanuel Macron y su postura combativa contra Rusia.
El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, ha negado que el aumento del déficit público se deba a un incremento del gasto público. En lugar de ello, argumenta que los ingresos fueron menores a los previstos. Como respuesta a la situación, Le Maire anunció en febrero un recorte del gasto público de 10.000 millones de euros y prometió más ahorros en 2024.
A pesar de la preocupante situación económica, no hay presión de los mercados ni necesidad de encontrar financiación. Francia puede endeudarse con facilidad sin incurrir en costos exorbitantes. De hecho, los tipos de interés que Francia paga por su endeudamiento a 10 años han bajado del 3,5% en octubre al 2,8% actual.
A pesar de la relativa tranquilidad de los mercados, el alto déficit es una cuestión de gran importancia política. Macron se enfrenta a la pérdida de credibilidad ante sus socios europeos, especialmente Alemania. Además, la oposición ha criticado duramente el manejo económico de Macron.
Los recortes impulsados en febrero han afectado especialmente las inversiones para combatir el cambio climático y reducir las ayudas a los desempleados. Además, el gobierno de Macron ha expresado su voluntad de reducir el gasto en sanidad y las partidas de las administraciones municipales. Estas políticas pueden debilitar aún más a Macron a nivel interno y reducir el apoyo de los franceses a la causa ucraniana.
Francia y Ucrania firmaron un acuerdo de seguridad bilateral en febrero que aumenta la ayuda armamentística gala a 3.000 millones. Sin embargo, el 51% de los franceses se oponen a este aumento. Esta división en la opinión pública podría reflejarse en el Parlamento, donde hasta ahora el Ejecutivo logró aprobar con cierta unanimidad las subidas del gasto militar.
Ante los efectos contraproducentes de las medidas de austeridad, ha surgido un debate incipiente en el seno del macronismo sobre la necesidad de realizar otro tipo de ajustes. Algunas figuras políticas han defendido la creación de un impuesto especial sobre los superbeneficios y los superdividendos. Otras voces piden disminuir las ayudas que reciben las empresas.
A pesar de estas propuestas, Macron y Le Maire han mostrado reticencia a aumentar la presión fiscal. Consideran que debilitaría uno de los pilares de su ADN político: la disminución de los impuestos, también para los más ricos.