Acuerdo en Favor de las Relaciones Laborales y la Protección Social del Espacio Vasco ha sido alcanzado con la participación de partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y cooperativas, junto con otros agentes de la economía social. La meta de este acuerdo es establecer una agenda política que exija competencias y herramientas para tomar decisiones que respondan a los desafíos futuros, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica específica del País Vasco.
La defensa, garantía y ampliación del ámbito de aplicación de la negociación colectiva es uno de los componentes centrales de este acuerdo. El objetivo es defender y garantizar la negociación colectiva sin intervención externa y evitar la aplicación de acuerdos estatales. Además, el acuerdo busca ampliar el ámbito de actuación del espacio vasco de la negociación colectiva al incluir temas que actualmente están fuera de él.
La lucha contra la precarización estructural del empleo es otro tema central en este acuerdo. Se propone un salario mínimo de 1.400 euros como medida para combatir la precarización laboral. De acuerdo con la Carta Social Europea, el salario mínimo debe representar al menos el 60% del salario medio nacional. Además, se propone impulsar y promover la firma del Acuerdo Interinstitucional Vasco entre sindicatos y empresas para establecer un salario mínimo interprofesional que tenga en cuenta la realidad socioeconómica del País Vasco.
En cuanto a las horas laborales, el acuerdo propone una semana laboral de 32 horas sin reducción salarial, con el objetivo de promover una distribución justa del empleo y de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres. Esta medida se implementará tanto en el ámbito público como en el privado, con el apoyo de acuerdos en la negociación colectiva y contratos públicos y pilotos sectoriales con apoyo financiero.
El fortalecimiento de la Inspección de Trabajo es otra propuesta central en el acuerdo. Se busca reforzar y transferir por completo la Inspección de Trabajo para que pueda convocar procesos de selección de recursos humanos necesarios para llevar a cabo su labor en Euskadi. Además, se propone aumentar las ratios en la plantilla de la Inspección de Trabajo para alcanzar el promedio europeo.
El acuerdo también incluye propuestas para fortalecer el Servicio Público Vasco de Empleo y frustrar los intentos de privatización. Se propone fortalecer su carácter público y rechazar intentos de privatización. Además, se propone preparar y dimensionar adecuadamente la plantilla, con ratios similares a los de los países europeos desarrollados.
Otra propuesta es la transferencia de las políticas pasivas de empleo para que Lanbide administre los subsidios y prestaciones por desempleo. De igual forma, se propone una estrategia integral contra la brecha salarial que sitúa los trabajos de cuidado en el centro de las propuestas.
Entre las demás propuestas del acuerdo, se incluyen medidas para fomentar el empleo ordinario para personas con discapacidad, un programa masivo de ayudas para fomentar la contratación juvenil en sectores nuevos y estratégicos, y un plan de lucha contra el paro de larga duración.
Además, se propone una planificación específica para abordar las regiones con tasas de desempleo más altas y promover planes de empleo a nivel regional y municipal. Se busca enfrentar la precarización estructural facilitada por la digitalización, mediante un plan de intervención y seguimiento de la Inspección de Trabajo.
En el acuerdo también se incluye un compromiso con la dignificación del empleo doméstico y una Ley de Economía Social que defina y fortalezca una visión renovada y potente de la economía social, centrada en las personas y en la vida.