El miércoles se abre el telón para que aproximadamente 23 millones de ciudadanos pongan en marcha la presentación de su declaración de renta. Este proceso, que se extiende hasta el 1 de julio, es un hito importante en un país avanzado como el nuestro donde una Hacienda Pública de naturaleza progresiva constituye la piedra angular del denominado Estado del bienestar.

La esencia de esta política se basa en la premisa de que aquellos que tienen más deberían contribuir más. Esta idea se incorpora a través de los tramos de ingresos, donde los porcentajes de contribución se establecen en función de los ingresos del individuo. Sin embargo, la aplicación de esta progresividad ha sido objeto de críticas debido a los diversos mecanismos que permiten a las rentas más altas minimizar su contribución final al fisco. A pesar de estos desafíos, el aumento de la progresividad ha sido una realidad en los últimos años. Con el ascenso de Pedro Sánchez al poder, el porcentaje que pagan las rentas más altas ha aumentado en cinco puntos, mientras que el tributo de las rentas más bajas ha disminuido.

La complejidad de una Hacienda progresiva refleja el costo y la complejidad de los servicios en sociedades desarrolladas como la nuestra. Sin embargo, esta estructura debería venir acompañada de una mejora en la eficiencia de las administraciones públicas en la gestión de estos servicios, que no siempre se observa. Tal eficiencia es crucial para garantizar la aceptación del principio de progresividad, no solo por los más ricos, sino también por las clases medias y trabajadoras que son las que más contribuyen a la Hacienda Pública.

Como prueba de su contribución, los ingresos del Estado por la recaudación del IRPF durante el último ejercicio han experimentado un aumento de casi un 10%, debido principalmente al aumento del empleo y de los salarios. En la campaña que comienza pasado mañana, aquellos que tienen rendimientos del trabajo inferiores a 22.000 euros, o rendimientos de capital o ganancias patrimoniales inferiores a 1.600 euros, están exentos de presentar la autoliquidación.

Además, una de las novedades es la extensión de la obligación de declarar a todos los autónomos, independientemente de los ingresos que generen. Anteriormente, estaban eximidos de hacerlo por debajo de un límite de 1.000 euros. Aunque esta medida puede resultar difícil de entender para aquellos que gestionan economías muy precarias, se inscribe dentro de una filosofía necesaria de universalización de la declaración de la renta.

Las comunidades autónomas tienen la capacidad de establecer las tarifas mínimas y máximas del IRPF, lo que resulta en una diversidad de políticas fiscales del tramo autonómico. Cataluña, por ejemplo, grava más las rentas anuales entre 30.000 y 45.000 euros, mientras que Madrid es más laxa con los ingresos anuales por encima de los 160.000 euros. Esta disparidad, junto con otros aspectos de la política fiscal, contribuye a una percepción desfavorable para los contribuyentes catalanes.

Entonces, aunque la campaña de la declaración de la renta puede parecer un trámite burocrático para muchos, es una pieza integral del sistema financiero de nuestro país. Es un recordatorio de la importancia de contribuir de manera equitativa para mantener el funcionamiento del Estado del bienestar y garantizar la provisión de servicios a todos los ciudadanos. Así, la declaración de la renta no es más que un reflejo de la responsabilidad colectiva hacia la construcción y mantenimiento de una sociedad justa y equitativa.