La reciente noticia sobre la implicación de Tomás González Cueto en una serie de conductas presuntamente corruptas ha provocado un terremoto en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Cueto, quien fue nombrado como abogado externo de la RFEF durante la era Rubiales, se ha convertido en un personaje clave en la trama investigada por la jueza Delia Rodrigo. Esta trama, que ha estado en el foco de atención desde 2019, ha revelado cómo Cueto ha utilizado su posición de poder dentro de la Federación para influir en la toma de decisiones de la directiva.
Las pesquisas han revelado una serie de irregularidades en las que estaría involucrado Cueto. Entre ellas se encuentran los pagos extraordinarios que facturaba a la RFEF de forma independiente, la contratación de agencias de detectives para servir a intereses personales de Rubiales, y la canalización de comisiones. Además, se le atribuye la responsabilidad en posibles conflictos de interés, dada su condición de Comisionado de Control Externo.
Estas acusaciones han llevado a la Guardia Civil a realizar un retrato pormenorizado de González Cueto. Tras una operación desarrollada el pasado 20 de marzo, que incluyó el registro de la sede federativa y una decena de domicilios, Cueto fue detenido y puesto a disposición de la jueza de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid). Se le imputan, indiciariamente, delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y administración desleal.
Pese a las graves acusaciones, Cueto ha mantenido su poder en la Federación. Según la Guardia Civil, su influencia podría haber alcanzado incluso al procedimiento electoral federativo, con el objetivo de que resultase designado como presidente el candidato que pudiera favorecer a sus intereses.
Uno de los aspectos más controvertidos de este caso es el uso discrecional de fondos de la Federación. Según la investigación, González Cueto, en connivencia con Pedro González Segura, quien fuera director de los servicios jurídicos de la RFEF, habría utilizado fondos federativos para pagar a terceros a través de su despacho, CG Legal.
Además, los investigadores han señalado un aumento relevante de la facturación de su bufete tras la llegada de Rubiales a la Federación. Según las grabaciones intervenidas, el propio expresidente reconocía que Cueto «tenía un despacho que facturaba 500.000 euros y ahora tiene un despacho que factura 3 millones de euros».
Otra de las ramificaciones de este caso es la relación entre González Cueto y la constructora Gruconsa. Esta empresa, adjudicataria de los contratos para la reforma de La Cartuja por parte de la Federación, habría realizado pagos cuya justificación se desconoce al bufete de Cueto.
En este contexto, los investigadores han descubierto la existencia de ofertas ficticias en las que Gruconsa resultaba adjudicataria de obras de la Federación. En una de las conversaciones intervenidas, Cueto reconocía que había estado «haciendo enjuagues para poder pagar algo de dinero a tíos que él necesitaba darles dinero porque estaban con una mano delante y otra detrás…y quería tenerlos más o menos…de su lado».
Este caso continúa en desarrollo y cada día surgen nuevas pruebas que apuntan a una red de corrupción en la que se mezclan los intereses personales, los negocios y el poder en el seno de la Real Federación Española de Fútbol. La figura de Tomás González Cueto se ha convertido en el eje central de esta trama, cuyas consecuencias podrían sacudir los cimientos del fútbol español.