El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha solicitado a dos plataformas de anuncios de alojamientos turísticos la retirada de 8.318 ofertas publicadas como alquileres de temporada. Según el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, estos anuncios incumplirían la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada mediante el Real Decreto-ley 29/2026, aprobado el pasado 6 de octubre.

Anuncios de temporada con reservas inferiores a 31 días

Consumo considera ilícitas estas publicaciones porque, aunque se presentan como alquileres de temporada, permiten realizar reservas por periodos inferiores a 31 días. Tras la reciente modificación legal, esa es la duración mínima establecida para esta modalidad contractual.

La Dirección General de Consumo entiende que esta práctica podría constituir una comunicación comercial desleal y engañosa, al ofertar los inmuebles bajo una fórmula que no se correspondería con las condiciones de reserva disponibles.

Madrid concentra más del 81% de los alojamientos detectados

La mayor parte de las infracciones se ha localizado en la Comunidad de Madrid, que reúne más del 81% de los anuncios señalados: 6.772 de los 8.318 alojamientos. De esa cifra, 6.523 se encuentran en la ciudad de Madrid.

El Ministerio de Consumo indicó en un comunicado que la actuación ha sido posible tras la aprobación, durante la primera semana de octubre, de una norma específica para impedir estas prácticas. El citado Real Decreto-ley 29/2026 incluye, entre otras medidas, el límite de 31 días para la oferta de alquileres de temporada.

Posibles expedientes para las plataformas

El Gobierno ha requerido a las dos plataformas la retirada de las publicaciones mediante los mecanismos de notificación establecidos en el Reglamento de Servicios Digitales. Si no eliminan los anuncios o bloquean el acceso a ellos, Consumo advierte de que podrían enfrentarse a la apertura de un expediente.

Actuaciones anteriores contra anuncios irregulares

Esta intervención se suma a otras medidas impulsadas por el Ministerio de Consumo contra prácticas que, según el Ejecutivo, «están contribuyendo a la crisis de vivienda en España».

El Gobierno ya impuso una sanción de 64 millones de euros a Airbnb por anunciar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa. Como resultado, se retiraron más de 65.000 anuncios de ese portal.

Por su parte, Booking eliminó más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la legislación después de recibir un requerimiento oficial de Consumo.