El Gobierno de Canarias ha insinuado la posibilidad de que las administraciones locales puedan establecer una tasa turística sobre las pernoctaciones, un movimiento que estaría liderado por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. De ser así, Mogán se convertiría en el primer municipio de España en implementar un impuesto de estas características. El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, ha afirmado que los cabildos y ayuntamientos poseen la «autonomía» necesaria para determinar sus propias tasas turísticas.
Esta declaración es un cambio significativo en la política turística canaria, considerando que hasta ahora no existen precedentes en España de municipios que cobren una tasa por la prestación de servicios a turistas. Este tema no se encuentra cerrado dentro del pacto de Gobierno, con el Partido Popular en contra de cualquier tasa turística y municipios como Las Palmas de Gran Canaria y Santiago del Teide, que han traspasado la responsabilidad al Gobierno canario, alegando que es una competencia autonómica.
Sin embargo, Cabello ha enfatizado que la creación de una tasa turística será abordada en los grupos de trabajo creados tras la Conferencia de Presidentes de Canarias. Este sería el foro ideal para discutir cualquier modelo «sin líneas rojas» que busque redistribuir la riqueza generada por el turismo.
De acuerdo con Cabello, los ayuntamientos tienen la capacidad de implementar una tasa por los servicios públicos que brindan, refiriéndose a la posibilidad de cobrar un impuesto sobre las pernoctaciones turísticas para financiar servicios complementarios, como la iluminación y aceras, que benefician a los visitantes.
El Ayuntamiento de Mogán, por su parte, ha tomado una postura clara. Ha optado por un modelo en el que se considera contribuyente a toda persona que se aloje en establecimientos como hoteles, apartahoteles, campings y viviendas vacacionales. Es decir, el turista pagará una tasa por cada noche en el municipio, con la posibilidad de establecer un número máximo de noches y otras exenciones, que aún están siendo estudiadas.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, sostiene que las administraciones locales de municipios turísticos realizan un gran desembolso en infraestructuras, mantenimiento y servicios como limpieza y jardines. Su objetivo es que la inversión adicional que se realiza en favor de la actividad turística no sea asumida completamente por los residentes. En lugar de ello, los visitantes, que alcanzan el millón anual, deberían contribuir a financiar estos servicios de los que se benefician durante su estancia.
No todos los municipios turísticos comparten esta visión. San Bartolomé de Tirajana y Santiago del Teide, por ejemplo, creen que una tasa turística contribuiría a gravar aún más al turista. Estos municipios poseen un superávit de recaudación por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), pero no pueden invertirlo debido a las restricciones de gasto estatal. Por ello, piden al Gobierno que flexibilice estas reglas.
En definitiva, la posible implementación de una tasa turística en Canarias podría abrir un nuevo debate sobre la financiación de los servicios públicos en destinos turísticos. Sin embargo, queda por ver si esta medida logrará el equilibrio entre la generación de ingresos y la preservación de la competitividad turística de la región.