El pan de payés catalán, queso de tetilla gallego, ternasco de Aragón, aceite de Jaén y el recién incorporado vino de pago Rosalejo son solo algunos de los 377 productos que actualmente gozan del estatus de alimentos tradicionales y de calidad en España. Estos productos, que son apreciados por su autenticidad y calidad excepcional, son reconocidos por las denominaciones de origen (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) y cuentan con un respaldo de casi 200.000 productores y unas 2.500 empresas transformadoras.
Estos productos se beneficiarán de la reforma del reglamento sobre el sistema de indicaciones geográficas de los productos agrícolas, vinos y bebidas espirituosas, que fue aprobada recientemente por el Consejo de Ministros de Agricultura. Se prevé que esta reforma entre en vigor en menos de dos meses.
La modificación del reglamento tiene como objetivo actualizar la regulación de la venta de estos productos en internet y simplificar el proceso de registro de nuevas incorporaciones. Según Clara Aguilera, miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, algunos productos han tenido que esperar hasta siete u ocho años para obtener la certificación final.
La reforma también busca prevenir prácticas de apropiación indebida de las marcas, que se habían detectado en algunos productos. Esto se ha observado en productos de países terceros, donde algunas empresas han utilizado el nombre de productos de calidad europeos para vender más. La nueva regulación fusiona dos textos anteriores y tiene como objetivo reforzar la protección contra posibles competidores desleales.
Los gobiernos de cada país tendrán que tomar medidas administrativas y judiciales para prevenir e impedir el uso ilegal de las indicaciones geográficas también en el comercio digital. Los dominios que hagan un uso ilegal del nombre de una DOP o de una IGP serán clausurados o se limitará el acceso a ellos a través del bloqueo geográfico. La Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE establecerá un sistema de alerta para estos dominios.
El italiano Paolo de Castro, ponente de la reforma, ha celebrado la actualización del reglamento, afirmando que este refuerza el papel de los grupos de productores y protege las indicaciones geográficas, a la vez que aumenta la simplificación, la sostenibilidad y la transparencia para los consumidores.
La reforma también estipula que, a partir de ahora, una agrupación de productores reconocida para un alimento con IGP o DOP será informada por el fabricante de un producto procesado y podrá emitir recomendaciones sobre el uso correcto de la etiqueta. De este modo, se podrá prevenir o contrarrestar cualquier medida o práctica comercial que vaya en detrimento de la imagen y el valor de sus productos.
En la Unión Europea, hay actualmente 3.626 indicaciones de calidad reconocidas, y la producción total se estima que supera los 80.000 millones de euros. España es el tercer estado miembro con mayor número de indicaciones geográficas reconocidas, solo por detrás de Italia y Francia. En cuanto a las especialidades tradicionales garantizadas (ETG), España cuenta con cuatro reconocimientos. El valor en origen de las producciones españolas con denominación de calidad ascendió en el año 2022 a 6.924 millones de euros.