El sector agrario español se encuentra en una encrucijada. Las organizaciones agrícolas nacionales, Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, han amenazado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, liderado por Luis Planas, con nuevas movilizaciones si el Gobierno no negocia un documento «reivindicativo» llamado ‘Agricultura, cuestión de Estado‘. Este documento contiene propuestas para mejorar las 43 medidas acordadas previamente con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unión de Uniones.
Las organizaciones agrarias subrayan que no hay un calendario específico de movilizaciones del sector en discusión. Sin embargo, anticipan que van a esperar al Foro convocado por el Ministerio que se celebrará los días 16 y 17 de mayo en Toledo.
Las organizaciones agrarias proponen una serie de reformas. Entre ellas, quieren avanzar en temas como los seguros agrarios y las ‘cláusulas espejo’, así como la defensa de un trato igualitario para las producciones europeas frente a las de terceros países.
Las demandas de Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias incluyen una mejora de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. Según el presidente de Asaja, Pedro Barato, «debe haber un antes y un después». Barato ha criticado que la labor de la agricultura en España y Europa se cuestione constantemente.
Asaja ha criticado la Política Agraria Común actual, alegando que no es lo que el sector agrícola español necesita. La organización sostiene que los presupuestos han resultado en «menos dinero» para los agricultores y ganaderos españoles.
La situación internacional también ha afectado al sector agrario español. Barato ha criticado la guerra en Ucrania, en particular la exportación de grano ucraniano desde el mar Negro hacia Europa Occidental y Asia. Por otro lado, el conflicto en Gaza ha llevado a un aumento de las importaciones de naranjas egipcias, lo que ha impactado negativamente en la producción europea, reduciendo a la mitad los precios pagados por las naranjas destinadas al zumo.
En Cooperativas Agro-alimentarias, han destacado la importancia de la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que se aprobó en 2020. La organización ha pedido que esta ley «respete» el modelo cooperativo. Según Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, para aumentar la rentabilidad y mejorar los precios es necesario aplicar políticas agrarias, en lugar de ejercer presión sobre las cooperativas.
Desde COAG, su secretario general, Miguel Padilla, ha señalado que su objetivo es «asegurar la viabilidad de las explotaciones agrarias en un contexto de mayor presión climática».
Las organizaciones agrarias han criticado también a Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas. Según Padilla, Ribera no ha respondido a sus llamadas de atención sobre el papel que juega su departamento en el futuro de la ganadería. Padilla ha expresado su preocupación por la posibilidad de que Ribera se convierta en la próxima comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea.
Este amago de movilizaciones y la serie de demandas presentadas por las organizaciones agrarias subrayan la importancia de la agricultura en la economía española, y el papel crucial que desempeña en la seguridad alimentaria y en la gestión de la presión climática.