Andorra pone freno a la inversión extranjera inmobiliaria

El Principado de Andorra, un pequeño país situado entre Francia y España, ha anunciado una serie de medidas para regular el acceso, adjudicación y gestión de los pisos públicos, así como el importe del alquiler. La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, presentó el reglamento este lunes, en un movimiento que ella describió como el «primer paso, pero firme«, hacia la creación de un parque de viviendas públicas.

El plan, según informó el ejecutivo en un comunicado, es incorporar más de 300 viviendas al mercado en los próximos dos años. El objetivo es que ninguna familia tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler.

Para acceder a estos pisos públicos, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos «imprescindibles«. En primer lugar, deben haber residido en el Principado durante al menos los últimos cinco años. Además, deben acreditar que destinan más de un 30% de los ingresos al pago del alquiler y que no disponen de viviendas en propiedad.

Además, los solicitantes deben tener unos ingresos mínimos anuales superiores al salario mínimo vigente en el país, que actualmente se sitúa en 1.376,27 euros al mes. El reglamento establece un tope de 2,2 veces este importe como máximo, aunque este límite se incrementa hasta 2,5 veces el salario mínimo para las familias con al menos dos menores a cargo.

El patrimonio del solicitante o de la unidad familiar no debe superar las 4 veces el salario mínimo en cómputo anual.

El Boletín Oficial del Principado prevé una convocatoria de acceso y adjudicación para cada uno de los edificios del parque público. Se establecerá «un precio mínimo de la vivienda según su tipología». Los adjudicatarios pagarán como máximo el 30% de sus ingresos para el alquiler y la renta será un 25% inferior al precio de mercado.

En cuanto a los contratos de alquiler, tendrán una duración de 3 años, prorrogables anualmente hasta dos años más, siempre que el inquilino «siga cumpliendo los requisitos de acceso».

Los ingresos del hogar serán un factor importante para acceder a las viviendas. Los candidatos con ingresos que superen «ligeramente» el salario mínimo obtendrán mayor puntuación, y el sistema de puntos irá bajando hasta los que acrediten ingresos superiores o igual a dos veces el salario mínimo.

Además, los criterios de adjudicación también tendrán en cuenta a las personas con discapacidad, las familias monoparentales, las víctimas de violencia de género, los mayores de 65 años y los menores de 35.

Aquellas personas con más de 10 años de residencia ininterrumpida en el país obtendrán puntuación extra, así como los inscritos en la parroquia (municipio) donde se ubica el piso.

Este reglamento es un esfuerzo por parte del gobierno de Andorra para proporcionar vivienda asequible a sus ciudadanos. El país, conocido por su turismo de ski y por ser un paraíso fiscal, ha experimentado un crecimiento en los precios de la vivienda en los últimos años. Este nuevo reglamento podría ayudar a aliviar algunas de las presiones financieras que enfrentan las familias andorranas.

Por Daniel