El inminente terremoto accionarial en Naturgy: el grupo Taqa y Criteria preparan una opa conjunta

La espera por el anticipado terremoto accionarial en Naturgy está llegando a su fin. Los movimientos que desembocarán en una opa conjunta para tomar el control de Naturgy por parte del grupo Taqa, controlado por el emirato de Abu Dabi, y Criteria, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa, están tomando forma. Ambas entidades han sellado el acuerdo de socios que perfila la gobernanza futura en la energética y que contempla las líneas maestras de un plan industrial de futuro.

Actualmente, Taqa y Criteria, siendo este último el mayor accionista de Naturgy con un 26,7%, ya han sellado un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) que recoge una hoja de ruta primigenia sobre el futuro industrial y operativo de la compañía. Este documento servirá para sentar las bases del futuro plan estratégico de la energética a partir de 2026.

El pacto entre socios, sellado hace ya casi dos semanas, también recoge cómo se desarrollará el juego de pesos de poder en la futura Naturgy. El objetivo es mantener un equilibrio entre ambos socios en la gobernanza del grupo, la primera gasista y tercera mayor eléctrica española. El acuerdo no establece una participación fija para cada uno de los compradores, pero sí rangos de paquetes accionariales en función de los diferentes escenarios de la futura opa.

Obstáculos y expectativas en el camino a la opa conjunta

El terremoto accionarial en Naturgy tiene como objetivo principal dar una salida a los fondos de inversión CVC y GIP, que desean desinvertir y desprenderse de sus participaciones en la compañía, que ascienden a algo más del 20% cada uno. Sin embargo, la falta de un acuerdo final con los vendedores sobre el precio de la oferta de compra se ha convertido en el principal obstáculo para lanzar la operación.

Las conversaciones con los fondos CVC y GIP para la adquisición de sus participaciones en Naturgy, que suman un 41,3% del capital, se están prolongando más de lo esperado debido a la dificultad de acordar el precio de la operación. El mercado anticipa un precio de compra en torno a los 27 euros por acción, lo que implicaría valorar a la energética española en unos 26.200 millones de euros.

La sacudida accionarial en marcha implicará la salida de los fondos CVC y GIP y también se espera que acuda a la opa una parte importante de los accionistas minoritarios que acumulan en conjunto un 13% de la compañía. Sin embargo, la gran duda radica en si optarán por acudir a la opa el fondo australiano IFM (que controla un 15% y que no participa en las negociaciones en marcha) y el grupo gasista argelino Sonatrach (con un 4,1%).

La operación deberá contar con la autorización expresa del Gobierno español, que tiene la potestad de decidir sobre la compra por parte de inversores extranjeros de participaciones superiores al 10% en empresas de sectores considerados estratégicos para el país. Los planes del Gobierno pasan por respaldar la operación, pero imponiendo condiciones y exigiendo compromisos a los nuevos dueños para autorizarla.

Varios ministros han expresado públicamente en las últimas semanas ciertos recelos hacia la entrada de Emiratos en el capital de una de las grandes energéticas del país. Pero el Ejecutivo está dispuesto a apoyar la operación de Abu Dabi si es pactada con CriteriaCaixa, que se convertiría en garante de la españolidad de la empresa y de los intereses estratégicos nacionales, y si contempla un plan industrial a largo plazo.

La participación en la operación de LaCaixa se ve como aval imprescindible para el ‘ok’ gubernamental. Los planes de Criteria y la abudabí Taqa pasan por poner en marcha una operación coordinada para lanzar una oferta de compra por el 100% de las acciones de Naturgy y sellar un acuerdo de socios para gestionar la energética de manera conjunta.

El Gobierno ya utilizó el ‘escudo antiopas’ en Naturgy e impuso hace tres años compromisos a IFM para aprobar su opa parcial con la que buscaba tomar un 23% del capital. El Consejo de Ministros exigió a IFM compromisos para apoyar el mantenimiento de la sede en Naturgy en España; para garantizar el mantenimiento de una parte significativa de la plantilla en España; para respaldar inversiones en proyectos vinculados a la transición energética en España; y para rechazar la exclusión de la compañía en la bolsa española.

«Naturgy cuenta con infraestructuras críticas en el aprovisionamiento y distribución de gas natural y realiza actividades reguladas en energía y gas, por lo que la autorización de la operación está sometida a condiciones», explicó Moncloa en agosto de 2021 sobre el ‘ok’ condicionado a IFM.