La reunión de hoy del Consejo de Ministros ha desembocado en la aprobación de la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, proyecto que fue impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Tras esta aprobación por parte del Ejecutivo, la norma deberá ser respaldada por la mayoría en las Cortes, en el Congreso y en el Senado, donde se espera una dura tramitación.

El proceso de modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana se inició durante el último mandato. Isabel Pardo de Vera, entonces secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, comenzó la redacción del texto en octubre de 2022, pero este decayó debido a la convocatoria de elecciones. Posteriormente, con la creación del Ministerio de Vivienda, fue la titular de la cartera, Isabel Rodríguez, quien retomó la tramitación de la nueva Ley de Suelo, una de las históricas demandas del sector inmobiliario.

En esencia, el nuevo marco normativo propone que los nuevos desarrollos urbanísticos o nuevos barrios no puedan ser paralizados por defectos de forma. El principal objetivo es acelerar la tramitación del suelo para expandir la oferta de viviendas y contrarrestar el incremento de precios en el mercado. Según fuentes del Ministerio de Vivienda, la reforma normativa es crucial para poder acometer las inversiones comprometidas por el Gobierno en el Plan de Recuperación y alinear a España en esta materia con países como Francia, Italia y Alemania.

En las próximas semanas, la modificación iniciará los trámites parlamentarios para ser aprobada por el Congreso y el Senado. No obstante, se anticipa una tarea ardua. Los socios de Gobierno de Sumar han manifestado su descontento y presentarán una observación formal en el Consejo de Ministros sobre el contenido de la reforma, según ha publicado El País. Asimismo, Podemos no apoyará la modificación de la Ley de Suelo.

Por el momento, se desconoce el posicionamiento del Partido Popular (PP). Aunque, en principio, esta medida encajaría con la línea ideológica del partido, que favorece una mayor liberalización del suelo, su apoyo no está garantizado dadas las actuales tensiones políticas. Este matiz quedó evidenciado cuando la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo dejó en el aire su apoyo a una ley contra la prostitución, mientras que, en la anterior legislatura, sí dieron su beneplácito a un texto similar.

Miguel Tellado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, insinuó esta mañana en el Congreso de los Diputados su negativa a apoyar la medida: «Asistimos a una situación dantesca, en la que el propio Gobierno se divide y presenta proyectos de ley no respaldados por ellos mismos. No conozco el texto, pero lo que puedo recordar es la frase que le dijo Feijóo a Sánchez: cuando le fallen sus socios no vengan a buscarme«, citó.

Más allá de las diferencias políticas, existe consenso entre los ayuntamientos y las comunidades acerca de la modificación de la Ley del Suelo. Inés Rey, vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de A Coruña, expresó: «Con su aprobación, se da respuesta a una petición unánime de la FEMP para dar mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de tramitar sus planes urbanísticos, que por meros defectos formales estos no se queden paralizados».

La patronal también se ha mostrado a favor de la medida. «En la actualidad hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos. Se trata de un dato muy revelador, sobre todo si se tiene en cuenta que, en términos de población, en estos municipios afectados se concentra una población de casi cuatro millones de personas», apuntó la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), en un comunicado. La APCE considera que el nuevo paso dado por el Ejecutivo es un «importante paso» para «garantizar la seguridad jurídica en el urbanismo».