En una operación minuciosa y de gran envergadura, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó sus labores de registro en las oficinas de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas a las 2.30 am del jueves. Tras casi 16 horas de trabajo exhaustivo, la UCO se llevó todo el material encontrado en la Federación Española de Fútbol (RFEF).
La acción se llevó a cabo con la Federación prestando su total colaboración en el escrutinio del caso que se centra en los supuestos contratos irregulares suscritos durante los últimos cinco años bajo la presidencia de Luis Rubiales. La UCO se llevó toda la documentación, datos de los ordenadores y hasta los correos electrónicos personales de los trabajadores de la RFEF. Dejaron las oficinas completamente vacías.
En la madrugada, los dos detenidos que estaban en Las Rozas, Pedro González Segura (director jurídico) y José Javier Jiménez ‘Jota’ (director de Recursos Humanos) quedaron en libertad y han pasado a disposición judicial. Tendrán que prestar declaración este sábado en el juzgado número 4 de Majadahonda.
La Federación también ha tomado medidas internas y ha abierto un expediente sancionador a estos dos ejecutivos, quienes han sido apartados de sus puestos de trabajo. Tomás González Cueto, asesor externo de Rubiales, también tendrá que comparecer ante el juez. La Federación ha dado por terminado el contrato que tenía con su despacho GC Legal y se han revocado sus poderes, así como el de otro implicado, Ramón Caravaca.
La RFEF ha actuado con total transparencia para facilitar la investigación, según una nota oficial emitida. El caso, por tanto, está ahora en manos de la justicia.
El presidente de la Comisión Gestora, Pedro Rocha, puede ahora retomar sus labores con normalidad ya que la Federación ha actuado con contundencia para colaborar con la justicia. Este sábado, Rocha viajará a Londres para presidir el partido amistoso entre España y Colombia en el estadio Olímpico, hogar habitual del West Ham.
El único caso que queda pendiente es el de Luis Rubiales y su amigo Nené, quienes se encuentran actualmente en la República Dominicana, pero han anunciado que regresarán a España el 6 de abril. La Guardia Civil ya tenía controlado su paradero, pero actuó de forma coordinada con las fuerzas del orden de Madrid para registrar el domicilio particular del ex presidente en Motril.
Este caso es un hito importante en la historia del fútbol español y los efectos de esta investigación podrían tener un impacto significativo en la gestión futura de la Federación Española de Fútbol. Mientras tanto, todos los ojos estarán puestos en la justicia y las decisiones que se tomen en los próximos días.

