Ileana Garcés, exmoderadora de contenidos de Facebook, asegura que los seis años que trabajó para una subcontrata de Meta en Barcelona le dejaron graves secuelas psicológicas. Insomnio, pesadillas, migrañas, taquicardias, ansiedad, depresión y ataques de pánico forman parte de las consecuencias que atribuye a su exposición continuada a vídeos de violencia, suicidios, torturas, asesinatos y abuso sexual.

Garcés trabajó para CCC Barcelona Digital Services, una empresa que cerró en 2025 y despidió a toda su plantilla. Tras el cierre, cerca de un millar de antiguos empleados han denunciado al gigante tecnológico por los daños psicológicos que, según sostienen, les provocó esta actividad.

Seis años moderando los contenidos más violentos

La antigua trabajadora explica que su función consistía en retirar las publicaciones que incumplían las normas de la plataforma. Durante ese tiempo moderó, especialmente, vídeos en directo en los que se difundían vejaciones, autolesiones, suicidios, asesinatos y abusos sexuales.

Según relata, la exposición prolongada a esas imágenes terminó afectando a su salud mental. Garcés estuvo de baja en dos ocasiones por depresión severa y asegura que sufría ataques de pánico, sobre todo en el metro, después de haber revisado numerosos vídeos de personas que caían, eran empujadas o se arrojaban a las vías.

“Vas cambiando. Llega un momento en el que ya no te reconoces, no sabes quién eres”, afirma sobre el impacto acumulado de años viendo contenidos violentos.

La prioridad de Meta, según su testimonio

Garcés sostiene que, en su experiencia, Meta daba prioridad a criterios comerciales, económicos y políticos antes que a la protección de los usuarios y de los propios moderadores. Asegura que los contenidos que generan morbo contribuyen a que las personas permanezcan más tiempo en las redes sociales.

Su principal reproche se refiere al orden de prioridad de las políticas que debían aplicar. Según explica, durante los primeros años de su trabajo el spam era la categoría más relevante para la empresa. En consecuencia, vender un producto desde una cuenta podía estar más penalizado que casos de abuso sexual infantil, según su relato.

“Ahí te das cuenta de para quién trabajas, qué es lo que realmente le importa a tu jefe”, declara Garcés.

Protocolos sobre la sexualización de menores

La exmoderadora asegura que las pautas empleadas para identificar a menores eran insuficientes. Explica que existían marcadores físicos sobre el desarrollo corporal que, a su juicio, no contemplaban adecuadamente las diferencias étnicas ni el desarrollo temprano de algunas niñas.

Como ejemplo, señala que una menor latina de 13 o 14 años podía ser considerada adulta por el volumen de sus caderas o senos, pese a que su rostro indicara claramente que era una niña. Según Garcés, esta clasificación impedía aplicar las medidas de protección correspondientes a los menores.

Cambios en las normas de moderación

Garcés sostiene que los moderadores debían ceñirse de forma estricta a los protocolos establecidos. Si las políticas cambiaban y un contenido que antes se retiraba pasaba a estar permitido, los trabajadores debían dejar de eliminarlo.

También considera que Meta actuó conforme a intereses políticos. Menciona la reelección de Donald Trump y afirma que, a partir de entonces, la compañía se alineó con posturas que, en su opinión, favorecían la misoginia, la homofobia y las ideas del presidente estadounidense, así como con Benjamin Netanyahu. Según su testimonio, durante un periodo se volvieron a permitir insultos contra mujeres, personas de piel más oscura y homosexuales.

Alertas a la Policía y una tarea sin fin

Ante emisiones en directo que mostraban autolesiones o hechos violentos en ese momento, Garcés explica que existía un procedimiento específico: el moderador completaba un cuestionario que, según les comunicaban, llegaba directamente a la Policía para facilitar el envío de equipos de emergencia.

Después, el vídeo era eliminado de la plataforma. Sin embargo, asegura que muchos usuarios guardaban el material y lo difundían de nuevo. Los contenidos de violencia, pedofilia o carácter sexual regresaban una y otra vez, incluso después del cierre de cuentas.

“No hay manera de acabar con el contenido violento en redes, es una tarea que no acaba nunca”, concluye.

Las imágenes de Gaza y las secuelas de la moderación

Entre los contenidos que más le impactaron, Garcés menciona el abuso sexual infantil, las torturas y los asesinatos cometidos por grupos delictivos. No obstante, afirma que el episodio que terminó por desbordarla fue la guerra de Gaza y las imágenes de bombardeos en escuelas, hospitales, edificios residenciales y lugares donde había niños jugando.

Para afrontar el trabajo, explica, los moderadores trataban de crear mecanismos de defensa emocional y de pensar que lo que veían no era real. Esa estrategia, afirma, puede generar una coraza de insensibilidad ante el dolor ajeno. También señala que algunos compañeros quedaron enganchados a la visualización de sangre y accidentes, y continuaron consumiendo ese tipo de material en grupos de Telegram u otras plataformas.

Demandas colectivas y atención psicológica

Tras el cierre de CCC Barcelona Digital Services, los antiguos empleados comenzaron a agruparse en demandas colectivas. Garcés indica que la querella se presentó hace aproximadamente dos años, aunque el juicio se ha retrasado. Según le trasladó su abogado, había alrededor de 700 personas involucradas, una cifra que podría elevarse a entre 900 y 1.000 al final de año solo en su despacho.

45 minutos semanales de apoyo

Sobre los recursos de salud mental, Garcés explica que disponían de un equipo de bienestar, aunque se les advertía de que no era una terapia psicológica, sino un servicio de apoyo al trabajador. Contaban con 45 minutos a la semana.

Aunque reconoce la labor de algunos profesionales, considera que el servicio era, en gran medida, deficiente para abordar procesos de estrés postraumático. En su opinión, se trataba de un protocolo establecido para acreditar ante las autoridades que la empresa cuidaba de sus empleados.

La exmoderadora asegura que no se exigía formación específica para incorporarse al puesto. Era necesario saber inglés y tener buena capacidad de memoria, ya que estaba prohibido tomar notas por motivos de confidencialidad. La evaluación psicológica previa, según su relato, se limitaba a preguntar qué tipo de contenidos podían afectar más al candidato y, en cinco o diez minutos, se autorizaba su incorporación.

Preguntada por una posible solución para evitar estos contenidos en un escenario ideal, Garcés responde que las redes sociales desaparecerían, ya que, a su juicio, buena parte de su funcionamiento se sostiene en los insultos.