María José Arcos desapareció hace 30 años, en los últimos días de sus vacaciones. Su hermana, Rosa Arcos, continúa reclamando respuestas y participa desde este miércoles en Sevilla en la II Conferencia Internacional Personas Desaparecidas, organizada por QSDglobal, para defender los derechos de las familias afectadas.

Una desaparición ocurrida en agosto de 1996

María José, que entonces tenía 35 años, trabajaba junto a Rosa en Santiago de Compostela. También preparaba oposiciones para conseguir una plaza de funcionaria y tenía dos empleos. Antes de desaparecer, acudió a la peluquería, compró un bikini y se lo mostró a su hermana menor, que tenía 26 años.

Según recuerda Rosa, María José planeaba pasar cuatro días con su pareja antes de volver a su rutina. En casa mantuvo una larga conversación telefónica con una persona no identificada y, durante esa llamada, cambió sus planes: anunció que regresaría ese mismo día. Salió a la mañana siguiente, un jueves.

El sábado, la madre de ambas recibió una llamada de la Guardia Civil: el coche de María José había sido localizado estacionado en el Faro de Corrubedo, en La Coruña. La familia pensó inicialmente que podían haberle robado el vehículo sin que ella lo supiera, pero al llegar comprobó que estaba en buen estado, cerrado y sin golpes.

La denuncia y las primeras sospechas

La familia trató de localizar a la persona con la que María José supuestamente iba a encontrarse. Rosa asegura que él afirmó no saber nada de ella, que no habían quedado y que hacía meses que no la veía. Esa madrugada, la familia activó todas las alertas y presentó una denuncia ante la Policía Nacional. Las autoridades inspeccionaron el coche el domingo.

Rosa relata que, tras hablar personalmente con ese hombre el lunes, sintió que había sucedido algo muy grave. Cuestiona además la actuación policial de aquellos primeros momentos y sostiene que se cometieron numerosos errores durante la investigación. Según su versión, el hombre fue modificando su declaración a medida que las pesquisas avanzaban y pudo reconstruir la falta de coartada que, asegura, tenía inicialmente.

«Quiero saber dónde está mi hermana para llevarle unas flores y llorarle», afirma Rosa, que insiste en que su familia nunca ha contemplado abandonar la búsqueda.

Una búsqueda sin paz ni cierre

Para Rosa no existió un instante concreto en el que entendiera que su hermana había pasado a ser una persona desaparecida. «Yo buscaba a mi hermana, encontrarla como fuera», explica. Tampoco quisieron declararla fallecida mientras vivió su madre, que se oponía a ello. Finalmente tuvieron que hacerlo tras su muerte por razones legales, pese a que no era el deseo de la familia.

Dos semanas después de la desaparición, en medio de días que define como angustiosos y desesperantes, seguían sin indicios de que María José estuviera viva. Aunque todo lo que conocía le hacía pensar que había muerto, Rosa asegura que quería encontrarla de cualquier modo. Por ello, pidieron que otra fuerza del Estado asumiera el caso.

La investigación se reabrió catorce años después con el mismo y único sospechoso, que, según Rosa, estuvo un mes en prisión provisional. Explica que un juzgado y una audiencia provincial establecieron por escrito que su hermana había muerto porque alguien la había matado, aunque no se pudo determinar si se trataba de homicidio o asesinato y el caso nunca llegó a juicio.

«Nosotros nunca quisimos declarar fallecida a María José, porque mi madre no lo quería. Finalmente no nos quedó más remedio», sostiene.

Reclamo de una ley para las personas desaparecidas

Rosa considera que la sociedad española ha avanzado durante estas tres décadas. Señala que hoy el caso podría considerarse violencia de género agravada por la ocultación del cadáver y destaca la existencia del Centro Nacional de Personas Desaparecidas y de protocolos de actuación.

Sin embargo, mantiene que todavía falta una norma que proteja de forma efectiva a las víctimas y a sus familias. «Seguimos sin una ley que realmente garantice los derechos de las personas desaparecidas y sus familias», afirma.

El peso de los trámites administrativos

Entre las medidas que reclama figura el derecho a que una persona sea buscada hasta que aparezca, sin que los casos se archiven ni tengan fecha de caducidad. También denuncia las dificultades administrativas que afrontan los familiares cuando una persona desaparecida ha sido declarada fallecida.

Rosa explica que esas personas no son dadas de baja automáticamente en censos fiscales, Hacienda, el censo electoral, los seguros de vehículos o el padrón municipal. Treinta años después de la desaparición de María José, continúa en litigio con un banco para liquidar dos cuentas que están a nombre de su hermana. A su juicio, este entramado administrativo revictimiza a las familias.