El impacto energético se dispara en ocho semanas

La escalada bélica en Oriente Medio ha alterado las previsiones de la gran industria española. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, integrada por organizaciones de sectores como el acero (Unesid), la química (Feique), la automoción (Anfac) y la alimentación (Fiab), ha elevado a 8.900 millones de euros la factura conjunta de gas y electricidad prevista para el cierre de 2026.

La estimación supera en 1.500 millones los 7.400 millones calculados en septiembre, lo que implica un aumento del 20% en apenas ocho semanas. Las fábricas deberán asumir este incremento en un contexto de deterioro de su competitividad exterior.

Según la Alianza, el encarecimiento se debe al tensionamiento de los mercados energéticos derivado de la crisis en el estrecho de Ormuz. El sobrecoste del gas rebasará los 4.900 millones de euros al acabar el año, con un impacto superior a 1.000 millones mensuales para las instalaciones industriales.

Por su parte, el sistema marginalista eléctrico incrementará el coste de la electricidad en otros 4.000 millones de euros. El precio medio alcanzó los 166 euros por MWh en octubre y registró picos diarios de 244 euros por MWh. Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, advierte de que la situación empeora a un ritmo mayor del esperado y puede comprometer inversiones, actividad y empleo si no hay una reacción urgente del Estado.

Alerta por la actividad y el empleo

La organización sostiene que la industria española no puede asumir por sí sola un aumento de costes de esta magnitud, especialmente mientras otros competidores europeos disponen de mecanismos de apoyo más estables y sólidos.

El sector productivo representa directamente el 11,7% del PIB, pero sus efectos indirectos e inducidos elevan su contribución al 45,2% del empleo en España, en torno a cuatro millones de puestos de trabajo.

El informe también cuestiona que la reducción del consumo de gas responda a la descarbonización. De acuerdo con los datos de Enagás, el consumo industrial cayó un 9,4% interanual en septiembre, acumula un descenso del 27% en 2026 y se encuentra un 31% por debajo de la media precrisis de 2018-2021.

La Alianza considera que esta evolución no se explica por una sustitución por energías renovables, sino por una destrucción de demanda, con hornos apagados y plantas que recortan turnos debido a la pérdida de márgenes.

Petición de ayudas directas y rebajas fiscales

El malestar industrial se dirige al Gobierno después de que el escudo antiguerra actualizado a finales de octubre no incorporara las peticiones del sector. La patronal reclama un plan de rescate inmediato que evite paradas de producción.

En el ámbito del gas, solicita al Ejecutivo que presione a la Comisión Europea para ampliar más allá del 31 de diciembre el marco temporal de ayudas de crisis, conocido como METSAF, y recuperar ayudas directas similares a las aplicadas durante la invasión rusa de Ucrania.

Entre sus reivindicaciones fiscales figura la rebaja estructural del Impuesto Especial Eléctrico (IEE) al mínimo legal del 0,5%, sin mecanismos automáticos demorados. También pide adelantar al 1 de enero de 2027 la aplicación del tipo cero en el Impuesto a la Generación (IVPEE), previsto actualmente para 2028.

Además, plantea extender hasta 2027 la reducción del 80% en los peajes electrointensivos y consolidarla de manera permanente, como sucede en Alemania y Francia. La industria demanda igualmente que se ejecute todo el presupuesto destinado a compensar los costes indirectos de CO2 hasta el máximo autorizado por Bruselas.

Redes eléctricas y burocracia

El sector manufacturero alerta asimismo de las limitaciones en el acceso a las redes eléctricas. La electrificación de los procesos industriales coincide con una insuficiente capacidad de transporte y con la aparición de nuevas actividades de elevado consumo energético.

Las plantas piden que la planificación del sistema establezca criterios objetivos de prioridad para proteger a las fábricas existentes, que sostienen empleo y valor añadido. El objetivo es evitar que los nuevos proyectos saturen las conexiones o trasladen costes operativos adicionales a la industria ya implantada.

La organización también denuncia que la lentitud de las autorizaciones administrativas y la complejidad en la gestión de las ayudas públicas pueden desviar inversiones estratégicas hacia países competidores. En plena carrera por la descarbonización, el retraso de un permiso puede decidir dónde se ejecuta una inversión multimillonaria.

La siderurgia lleva sus demandas a los partidos

En el marco de esta ofensiva conjunta, la patronal siderúrgica Unesid ha decidido presentar sus propuestas a los partidos políticos ante las elecciones generales. El sector reclama una tarifa eléctrica objetivo de alrededor de 40 euros por MWh para hacer viable la electrificación de sus procesos.

La siderurgia exige también asegurar el acceso a las redes eléctricas para impedir que los nuevos desarrollos de alto consumo frenen la electrificación de las acerías. Asimismo, solicita que al menos el 50% del acero utilizado en la contratación pública sea europeo, bajo el principio de que sea «fundido y colado» en Europa.

Entre sus demandas figuran un control aduanero coordinado frente a una sobrecapacidad mundial de 640 millones de toneladas y una reforma de la gestión de la incapacidad temporal. En este último caso, plantea que las mutuas aceleren diagnósticos, tratamientos y reincorporaciones para hacer frente al absentismo.