Vivir en un supuesto estado de votación permanente tendría, en clave irónica, algunas ventajas: no habría que soportar la constante campaña electoral y hasta habría que apagar la televisión —otra ventaja adicional— para preservar unas mentes ya atribuladas. Todo sería felicidad y perdices. Para completar ese escenario, el «Amado Líder» tendría que convertirse en presidente vitalicio y transmitir el cargo por herencia, como ocurre con Kim Jong-un en Corea del Norte. La reflexión, por supuesto, contiene una evidente dosis de ironía.

La cadena de los «martes sociales»

El Gobierno ha puesto en marcha los llamados «martes sociales», una sucesión de dádivas, mercedes, subvenciones y ayudas de toda clase, destinadas a todo y a todos. La portavoz, Elma Saiz, sostiene que el Ejecutivo no está en funciones, algo que es cierto, y que por tanto conserva plena capacidad de actuación.

Puede plantearse por qué estas medidas no se impulsaron durante los ocho años anteriores, pero también cabe recordar el argumento de que nunca es tarde cuando la dicha finalmente llega.

Ayudas, salarios y pensiones

Tras apenas dos «martes sociales», las iniciativas se han centrado en las parejas no formalizadas con hijos y en las mujeres menopáusicas. Sin embargo, esto no ha hecho más que comenzar. Próximamente llegará el aumento del salario mínimo interprofesional y, después, la subida salarial de los funcionarios.

A estos últimos ya se les ha prometido un incremento del 4,5%, aunque, con una inflación próxima al 5%, podría quedarse corto. Los sindicatos, sin anestesia previa, hablan de una subida del 7% en 2027.

El Ejecutivo ya prometió en febrero compensar en la revisión de 2027 las subidas del IPC que se produjeran durante 2026. Ahora llega el momento de hacerlo. Posteriormente se anunciarán los cientos de miles de viviendas que primero se construirán y después se adquirirán mediante créditos del ICO. Como cierre de esta secuencia quedará la actualización de las pensiones.

La dependencia del sector público

La financiación de las pensiones genera inquietud en un contexto de incertidumbre, especialmente si se cuestiona su estabilidad. El Gobierno acaba de aprobar un nuevo préstamo de 10.000 millones de euros para la Seguridad Social. Queda la duda de si ese dinero se devolverá algún día.

De cara a las elecciones de noviembre, conviene tener presente que numerosos votantes dependen, de una forma u otra, del sector público. Entre las pensiones contributivas y no contributivas, los subsidios, las nóminas públicas, los beneficiarios por desempleo y las personas cubiertas por el Ingreso Mínimo Vital, entre otros grupos, la cifra se aproxima a los 18 millones de votantes.

Según esta interpretación, el bienestar de esos electores recae en el sector público. La cifra que debe tenerse en cuenta es que el 46,3% del censo está en manos de Pedro Sánchez, o al menos eso consideran quienes impulsan estas políticas. El dinero prometido parece difícil de contabilizar, aunque algún día habrá que hacer las cuentas y también pagarlo.