La justicia europea ha respaldado dos de las medidas adoptadas por los gobiernos para contener los precios de la energía después de la invasión rusa de Ucrania: el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas y el tope al gas destinado a reducir el precio de la electricidad. Este pronunciamiento se produce mientras la Unión Europea afronta una nueva crisis energética vinculada a la guerra en Oriente Medio.
Mayor presión para frenar los precios energéticos
En las últimas semanas se ha intensificado la demanda de actuaciones. Durante su última cumbre, los líderes de los Veintisiete pidieron a la Comisión Europea medidas urgentes para limitar el encarecimiento de la energía. España y otros cinco países han reclamado a Bruselas la recuperación del impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras.
Al mismo tiempo, ha vuelto al debate europeo la posibilidad de intervenir el mercado eléctrico mediante fórmulas como la excepción ibérica. En este contexto, Luxemburgo ha despejado una parte relevante de las dudas jurídicas sobre estas medidas.
Por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado respaldo a la excepción ibérica utilizada por España y Portugal para contener el precio de la electricidad. Por otro, el abogado general del tribunal, Athanasios Rantos, ha concluido que el impuesto extraordinario sobre los beneficios de las energéticas aprobado en 2022 es compatible con el Derecho comunitario.
El dictamen de Rantos no es vinculante ni constituye todavía una sentencia definitiva, aunque los jueces suelen seguir las recomendaciones formuladas por los abogados generales.
Respaldo judicial al tope ibérico
El TJUE ha desestimado el recurso de casación presentado por cinco empresas españolas contra la autorización concedida por Bruselas a la excepción ibérica. España y Portugal implantaron este mecanismo durante la crisis de 2022 para limitar el efecto del gas sobre el precio de la electricidad.
Con esta decisión, el alto tribunal europeo avala una de las intervenciones más singulares aplicadas en el mercado eléctrico europeo durante la anterior crisis energética.
El mecanismo autorizado en 2022
La excepción ibérica, autorizada por la Comisión Europea en junio de 2022, permitía limitar el coste del gas empleado para producir electricidad. Para ello, se compensaba a las centrales afectadas con el fin de impedir que el encarecimiento del combustible disparara el precio de la luz.
Cinco consumidores industriales españoles recurrieron la medida al entender que beneficiaba a determinados compradores de electricidad y provocaba una discriminación injustificada. Sin embargo, el TJUE ha rechazado sus argumentos.
El tribunal considera que no se podía exigir a la Comisión Europea que investigara de oficio la situación de esas empresas sin pruebas suficientes que justificaran ese examen. También descarta que se haya demostrado una discriminación contraria al Derecho comunitario.
Asimismo, recuerda que la legalidad de una decisión debe analizarse con la información disponible cuando fue adoptada, sin tomar en consideración pruebas aportadas con posterioridad.
La resolución llega en un momento en el que vuelve a discutirse una posible intervención del mercado eléctrico. España ha defendido la utilidad de mecanismos como la excepción ibérica para limitar el impacto del gas en las facturas, aunque por ahora no existe un acuerdo comunitario para recuperar esta fórmula.
El gravamen a los beneficios extraordinarios, compatible con la UE
El segundo pronunciamiento procedente de Luxemburgo coincide también con el debate político sobre la recuperación del gravamen extraordinario a las energéticas. Bruselas se resiste, por ahora, a reimplantar este impuesto a escala comunitaria, pese a las peticiones de seis países.
La Comisión Europea sostiene que los Estados miembros ya cuentan con margen para aprobar sus propios impuestos, sin que sea necesaria una nueva iniciativa conjunta.
Una medida excepcional, temporal y proporcionada
En sus conclusiones, el abogado general del TJUE considera que la contribución solidaria temporal aprobada en 2022 se ajusta al Derecho de la Unión Europea y conserva su legitimidad por su carácter excepcional y temporal.
Aquel reglamento autorizó gravar los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y 2023 por empresas de los sectores del petróleo, el gas natural, el carbón y las refinerías. El impuesto se aplicaba a las ganancias que superaran en más de un 20% la media de los beneficios imponibles de los cuatro ejercicios anteriores.
El objetivo de la recaudación era amortiguar las consecuencias de la crisis para hogares y empresas. Para Rantos, la contribución fue una respuesta económica urgente, temporal y proporcionada, justificada por el principio de solidaridad.
El abogado general entiende, además, que el Consejo de la UE podía aprobar la medida sin unanimidad, ya que no se trataba de una armonización fiscal.
Rantos también ha analizado el margen de los gobiernos nacionales para determinar qué compañías deben abonar el gravamen. Aunque advierte de que los Estados miembros no pueden, en principio, modificar libremente las categorías de empresas sujetas a la contribución, admite que puedan ampliarla a otras entidades con beneficios energéticos excepcionales debido a las particularidades de sus mercados.
Para ello, deberán mantener una carga global y unos objetivos equivalentes a los establecidos en la normativa europea.

