CEOE y Cepyme han expresado su rechazo a la huelga general de 24 horas anunciada por UGT y CC OO ante la crisis de la vivienda. Las organizaciones empresariales califican la convocatoria de «inadmisible» y «difícilmente justificable», al tiempo que cuestionan su posible encaje jurídico.
La patronal reprocha que el coste recaiga sobre las empresas
La patronal ya había advertido, antes de que se anunciara formalmente el paro, de que una huelga general por la crisis de la vivienda sería «ilegal». Tras la comunicación realizada por los sindicatos, CEOE y Cepyme han respondido con dureza al considerar que la movilización pretende trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno.
En un comunicado conjunto difundido a primera hora, ambas organizaciones señalan que la convocatoria responde a la petición del Sindicato de Inquilinas, entidad que no tiene capacidad legal para convocar un paro general. Según sostienen, la medida busca principalmente impulsar cambios legislativos y presupuestarios en materia de vivienda.
CEOE y Cepyme subrayan que estas cuestiones son competencia y responsabilidad de la Administración, por lo que quedan fuera de la gestión empresarial. En consecuencia, concluyen que las reivindicaciones que sustentan el anuncio de huelga general «no son, en esencia, de naturaleza laboral».
Por ello, consideran «inadmisible» que se haga recaer sobre las empresas, sus trabajadores y el conjunto de la actividad económica el impacto de una iniciativa que, a su juicio, apunta al Ejecutivo y a su gestión. También estiman «difícilmente justificable» emplear la actividad de compañías y empleados para influir en el proceso previo a las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.
Dudas sobre la legalidad de la convocatoria
Las organizaciones empresariales ponen en cuestión la legalidad de esta huelga, que sería la primera en catorce años. Aunque todavía no se conoce la fecha concreta ni los objetivos definitivos de la protesta, dejan abierta la posibilidad de emprender acciones legales cuando se conozcan todos los detalles de su organización.
El objetivo de esas eventuales actuaciones sería, según indican, defender la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas.
Garamendi critica que se responsabilice a los empresarios
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró aún más contundente que el comunicado de la patronal. En declaraciones a Onda Cero, señaló que el problema de la vivienda existe desde «hace mucho tiempo» y reprochó que, tras ocho años de Gobierno, no se asuman responsabilidades por el trabajo que debía haberse realizado durante ese periodo.
«La culpa vuelve a ser de los empresarios», lamentó Garamendi, quien insistió en que los motivos de la huelga no son «clarísimamente» laborales. A su juicio, se ha tratado de encontrar un encaje para incorporar el componente laboral, pese a que la legislación establece que una huelga debe responder a la existencia de un conflicto de esa naturaleza.